La FM en Google News
Los procesos penales contra el mayor Jeferson Tocarruncho y el intendente Wadith Velásquez quedaron en firme. Así lo determinó un juez de conocimiento al rechazar la petición de nulidad radicada por la defensa de los agentes de la Policía Nacional que consideraba que estaban enfrentando dos juicios por los mismos hechos, situación que está totalmente prohibida.
La defensa de los dos policías aseguraba que la Fiscalía General le había imputado cargos dos veces por los mismos hechos. Estos juicios paralelos, argumentaba, van en contra de los principios del debido proceso hecho por el cual se debía anular todo lo actuado.
Lea además: Condenan a 15 años de prisión a capitán del Inpec por fuga de Aida Merlano
El funcionario judicial no aprobó estas peticiones y señaló que los dos procesos penales son muy diferentes, puesto que uno tiene relación con una alteración en una orden para interceptar comunicaciones de cinco agentes de la Dijín y otro con obtener información del presidente del sindicato de la Universidad del Valle.
“Está demostrado que en la audiencia del 6 de junio de 2020 no se imputó la interceptación ilegal de ocho líneas telefónicas. Hay que hacer claridad, entonces, que una cosa es que el informe contenga ocho líneas telefónicas y cosa muy diferente a que se haya imputado la interceptación ilegal bajo el delito de violación ilícita de comunicaciones de ocho líneas telefónicas. Son dos conceptos claramente diferentes”, concluyó el juzgado al rechazar la petición de nulidad.
Lea también: Movimiento de Salvación Nacional renace en el aniversario 26 del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado
Los dos policías fueron acusados de haber interceptado de manera irregular varias comunicaciones en el marco de la investigación por el homicidio de Omar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo del empresario barranquillero Carlos Rodríguez, dueño de la Sastrería GQ, registrada el 18 de agosto de 2011 en el barrio El Prado de la capital del Atlántico.
En la lista de números telefónicos a intervenir se añadieron dos contactos que nada tenían que ver con la investigación. Fue así como se interceptaron las comunicaciones de dos personas (Dilman Paz Potes, quien para la época de los hechos era presidente del sindicato de empleados de la Universidad del Valle y David Brayan Caicedo) a quienes se les dieron un alias y una vinculación a una organización criminal.
Igualmente enfrentan otro proceso por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En esa oportunidad –indica la Fiscalía General- utilizaron la misma investigación judicial y el mismo modus operandi para interceptar las conversaciones de cinco compañeros de la Institución.
En otras noticias judiciales: Colombia declarará 30% de su territorio como área protegida en 2022: Duque en la COP26
Los dos policías, quienes se encuentran actualmente en libertad, se han declarado inocentes de los cargos, indicando que hace parte de una persecución judicial.
En el desarrollo de estas interceptaciones se conocieron las conversaciones del ganadero José Guillermo Hernández, conocido como el 'Ñeñe', en las cuales recomendaba y sugería la compra de votos en el norte del país para las elecciones presidenciales del 2018.
