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Representantes civiles de las familias de los tres jóvenes víctimas de la masacre en Chochó (Sucre) pidieron a la Fiscalía formular una nueva imputación de cargos por el delito de tortura y falsedad ideológica en documento público al coronel de la Policía Benjamín Núñez, sindicado de ser el principal responsable de estos graves hechos.
El abogado Didier Augusto Pizza Gerena señaló que los investigadores cuentan con suficientes elementos de prueba para llevar nuevamente ante los jueces al oficial, con el fin de que responda por estos dos nuevos delitos.
El jurista aseguró que la necropsia practicada por los expertos de Medicina Legal al joven Carlos Arévalo, evidenció varios golpes con un elemento contundente en la cabeza que correspondería a un fusil.
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“La evidencia, porque el cuerpo habla en el caso del joven identificado como Carlos Arévalo resultó torturado con golpes repetitivos en la cabeza con un elemento contundente redondo, dice allí (en la necropsia de Medicina Legal)”, dijo el abogado Pizza.
Señaló que “asumimos que ese elemento así como lo describe Medicina Legal, fue un fusil que el escolta de Núñez llevaba, porque dice que es un elemento contundente hueco”.
En torno al delito de falsedad, el jurista argumentó que los investigadores cuentan con documentos que supuestamente fueron alterados previa solicitud del coronel Núñez, para que se reportara que los jóvenes asesinados habían llegado graves de salud al retén donde fueron capturados por la Policía.
“Existen los informes donde él le dijo a los policías de Infancia y Adolescencia que los muchachos habían llegado allí al retén donde los capturaron gravemente heridos y que posteriormente esos informes resultaron ser falsos, por lo cual fueron judicializados los policías", señaló.
De otra parte, el abogado insistió que las familias mantienen su oposición a la posibilidad de que el coronel Benjamín Núñez logre un eventual acuerdo de negociación con la Fiscalía.
Explicó que los familiares de los jóvenes asesinados esperan que se garantice que la condena que se le imponga al oficial, sea lo más severa posible para evitar que el caso quede impune.
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Por orden de un juez de control de garantías y previa coordinación con el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Benjamín Núñez fue recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima).
