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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió los expedientes del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Justicia y Paz, en respuesta a un requerimiento de la Procuraduría.
Esta decisión se tomó tras el argumento presentado por el Ministerio Público en octubre del año pasado, donde se cuestionó la posibilidad de que los paramilitares ingresaran a la JEP bajo la figura de “bisagra” entre los grupos armados y los agentes del Estado.
Además, la Corte Constitucional, en su pronunciamiento, rechazó la tesis de la JEP que permitía dicha inclusión, señalando que los paramilitares no son destinatarios del Acuerdo Final de Paz.
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Según la Corte, el juez natural de Mancuso se encuentra en el sistema transicional de Justicia y Paz, lo que limita sus opciones de acceso a la JEP.
Este contexto llevó a la Procuraduría a reforzar su análisis, estableciendo que, a la luz de la decisión de la Corte, los antiguos paramilitares tampoco podrían ser considerados terceros dentro de la JEP.
La Procuraduría argumentó que la calidad de tercero está reservada exclusivamente para aquellos que no formaron parte de grupos armados y no estuvieron involucrados en el conflicto.
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Esta aclaración subrayó aún más la imposibilidad de que Mancuso y otros excombatientes accedieran a la JEP, dado su papel en el conflicto armado.
El caso de Mancuso es emblemático, ya que su figura se relaciona con una de las etapas más complejas de la violencia en Colombia. Su remisión a Justicia y Paz implica un cambio significativo en el manejo de su proceso judicial.
La JEP, que busca garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, debe ahora coordinar sus esfuerzos con el sistema de Justicia y Paz, que opera bajo diferentes normas y criterios.
La remisión de los expedientes de Mancuso a Justicia y Paz destaca la necesidad de un sistema judicial que se ajuste a las realidades y exigencias del conflicto armado en el país.
