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Los cinco magistrados que hacen parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron una reunión de urgencia con el presidente de la Corte, Jorge Quiroz Alemán, en la que alertaron por su seguridad.
Fuentes de la Corte explicaron que, en esa reunión, que se dio hace un par de días, los cinco magistrados expusieron su preocupación por los constantes ataques de diferentes sectores contra el alto tribunal, en el marco de sus decisiones judiciales. Para los magistrados el tono de los mensajes en redes sociales y en medios de comunicación podría poner en riesgo su seguridad.
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Asimismo, confirmaron que en medio de esa reunión extraordinaria, los magistrados informaron que han tenido que reforzar sus esquemas de seguridad.
Los togados que alertaron sobre esta situación son los que ordenaron la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, dentro de la investigación por presunta manipulación de testigos.
Fuentes de la Corte señalaron que, aunque la preocupación persiste, aún no piensan acudir a instancias internacionales para pedir protección y respeto por sus decisiones y la independencia judicial del país.
Sobre el proceso de presunta manipulación de testigos, trascendió que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendría cinco días hábiles para decidir sobre el régimen legal por el cual debe adelantarse el proceso.
Es decir, la Sala Penal debe definir si el proceso debe seguir su curso bajo el antiguo régimen legal (ley 600 ) o bajo el nuevo sistema penal acusatorio (ley 906 ).
Esa discusión llegó a la Corte después de que la jueza 30 de Control de Garantías pidiera al alto tribunal ese concepto.
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En audiencia de control de garantías, la jueza había determinado que el proceso debía adelantarse bajo el nuevo sistema penal, dado a que los hechos por los cuales Uribe es investigado sucedieron a partir del 2018, es decir 14 años después de creada la norma.
La jueza, además, tuvo en cuenta que Uribe dejó su fuero de congresista al renunciar a su curul en el Congreso, por lo cual su juez natural sería uno ordinario y no la Corte Suprema de Justicia.
Eso querría decir que la jueza sería competente para conocer los pormenores del proceso y decidir sobre la petición de libertad.
Sin embargo, pidió ese segundo concepto a la Corte Suprema para que determine su competencia. Mientras tanto el expresidente debe continuar privado de la libertad en su finca.
