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El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que “la gestión del Estado colombiano, no ha sido lo suficientemente eficaz” en los 20 años de la Ley de Justicia y Paz pese a una inversión que supera los $17.7 billones, por lo que afirmó que “es imperativo tomar medidas estratégicas para superar las deficiencias a corto plazo”.
Asimismo, indicó que los bienes entregados por los paramilitares tiene como fin resarcir el daño causada a los colombianos. El Fondo de Reparación a las Victimas, registra 3.755 bienes, de los cuales solo se comercializó el 1,2%.
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El contralor también subrayó que el proceso de indemnización ha sido financiado principalmente con recursos públicos, ya que "el 95,53% de los pagos han sido cubiertos por el Presupuesto General de la Nación", lo que es contrario a lo que la ley establece, a través de los recursos entregados por los postulados condenados, los cuales deben ser utilizados en primer lugar para las reparaciones.
“Los bienes entregados por los postulados deben cumplir la función de resarcir el daño causado a los colombianos”, expresó.
En cuanto a los resultados obtenidos por la Ley de Justicia y Paz, la Contraloría informó que entre 2012 y junio de 2024 se realizaron más de 48.000 pagos de indemnización a 29.862 víctimas, pero el monto de indemnizaciones cubierto por recursos públicos sigue siendo abrumadoramente alto.
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Además, de las 5.079 personas postuladas al proceso, cerca del 64% fueron excluidas, y solo un 30% sigue activo en el proceso.
Finalmente, el organismo de control resaltó la cantidad de delitos judicializados bajo esta ley, que incluyen desplazamiento forzado, homicidios y desapariciones forzadas, y advirtió sobre el considerable aumento en los casos judicializados entre 2016 y 2023, con un enfoque especial en las estructuras armadas de las AUC.
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