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Tras la captura de siete personas, cinco militares y dos civiles, la Fiscalía General de la Nación inició la investigación sobre la posible participación de miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en una presunta red de tráfico de armas en el suroccidente colombiano.
Entre los uniformados capturados se encuentran tres soldados, un sargento y otro retirado, la mayoría de ellos, adscritos a la Tercera Brigada del Ejército.
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Las primeras indagaciones iniciaron en el año 2020, tras la incautación de 5 mil municiones en un barco pesquero que se encontraba en aguas del municipio de Buenaventura, posteriormente, en el municipio de El Bordo, en el departamento del Cauca, se capturaron a dos mujeres que se movilizaban con granadas pertenecientes al Ejército Nacional.
Dichas incautaciones ‘prendieron’ las alarmas en el interior del Ejército Nacional, debido a que el material incautado era de uso privativo de las fuerzas armadas y, al parecer, tenía como destino la columna ‘Oliver Sinisterra’ de las disidencias de las Farc, frente liderado por alias ‘Iván Márquez’.
Según la fiscal encargada del caso, el armamento era comercializado a través de establecimientos que fungían como fachada para el negocio ilegal en la capital del Valle.
Se trata de un lavadero de carros y de una escuela de vigilancia privada llamada VIP Security Ltda, a la cual, además, pertenecía al sargento primero retirado Jhony Moreno y no contaba con permisos ni licencia de funcionamiento para su operación.
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Cómo operaban
En medio de las audiencias, se logró establecer que dicha red era liderada, al parecer, por el sargento segundo Eduardo Alexis Duarte, quien era el encargado de administrar el almacén de apoyo y servicios para el combate número tres Policarpa Salavarrieta, componente que abastece de armamento a la unidad militar del Valle y del Cauca.
En la audiencia, Duarte indicó que era presionado a su vez por dos soldados: Diego Salinas y Andrés Olarte, sin embargo el ente investigador encontró, a las afueras de la oficina del sargento Duarte 1.391 unidades de material de guerra -que no se encontraba en el inventario militar- y documentos falsos para justificar la salida del armamento.
La fiscal del caso indicó que también se logró identificar la participación de otros miembros de las Fuerzas Armadas, quienes declararon haber acompañado al sargento Alexis Duarte a un lavadero de autos y a una escuela de seguridad con cajas llenas de armamento, las cuales, se quedaban en dichos establecimientos comerciales.
Según el ente investigador, previo a las detenciones, la red habría vendido más de 150 mil cartuchos de diferentes calibres y 2 mil granadas entre los años 2019 y 2021, por más de $1.700 millones.
Finalmente, hace pocos días se conoció una investigación de Estados Unidos, la cual indicaba que, al parecer, dicho armamento que salía del cantón militar Pichincha, al sur de Cali, era entregado a las disidencias de las Farc para atentar contra otros grupos ilegales, las autoridades y la población civil.
