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El Consejo de Estado decidió mantener la investidura del senador Gustavo Bolívar tras negar la demanda que había en su contra por financiar al grupo denominado como la 'Primera Línea’ en el pasado paro nacional.
El despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno tuvo en cuenta un concepto de la Procuraduría General de la Nación que señalaba que el movimiento de jóvenes no estaba constituido como un grupo político, por lo cual su financiación no iba en contravía de las leyes y las normas
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En la audiencia pública, el propio senador Bolívar le dijo al Consejo de Estado que su intención nunca fue financiar un movimiento político y que el dinero que entregó fue directa a la Fundación Manos Limpias Indignados Colombia.
La demanda de 53 páginas sostenía que la 'Primera Línea' se podría considerar como un movimiento político y en ese sentido Bolívar, siendo congresista, no podría siquiera anunciar financiacione ya que así lo prohíbe el artículo 110 de la Constitución a quienes desempeñan funciones públicas.
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“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan”, se indica en el artículo citado por la demanda.
Se conoció además que una de las razones de la demanda para considerar a la 'Primera Línea' como un movimiento político, es que es un grupo de jóvenes que se reúne “como movimiento de clara naturaleza política y social que desea mediante la gestión colectiva de demandas en la calle, hacer valer su posición desde lo social y en democracia”.
Por esos mismos hechos, y aunque la Procuraduría pidió mantener la investidura de Bolívar, en septiembre pasado ese organismo informó que una indagación disciplinaria para determinar si el senador había incurrido en alguna falta.
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En medio de la investigación, la Procuraduría también busca establecer si esos elementos comprados por la fundación fueron utilizados para la protección personal de los manifestantes o si, por el contrario, se financió una actividad aparentemente ilegal que habría atentado contra los bienes del Estado y la seguridad de la población.
La Procuraduría solicitará un informe del origen de la colecta para apoyar a los manifestantes, el total de lo recaudado, y la forma en que se invirtieron los recursos.
También pedirá a la Policía un informe sobre si en las manifestaciones que se presentaron en Bogotá, durante el 2021, se presentaron desmanes en la denominada 'Primera Línea' y detallar cada uno de ellos.
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