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La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos ante una juez de control de garantías de Bogotá contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dentro de las investigaciones que se siguen por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
La Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, argumentó que existen suficientes elementos de prueba para formularle cargos como supuesta autora del delito de interés indebida en la celebración de contratos.
Sin embargo, al ser interrogada por la juez del caso no aceptó los cargos imputados al confirmar que adelanta negociaciones de la Fiscalía para concretar un principio de oportunidad.
Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada, la exfuncionaria presuntamente fue pieza clave en todo este entramado de corrupción al servir de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
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En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la fiscalía aseguró: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”, indica el escrito de acusación”.
En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
Las reuniones
La fiscal delegada María Cristina Patiño reveló que el 6 de diciembre de 2023 se celebró una reunión clave en el despacho del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su exasesora maría Alejandra Benavides, el entonces ministro del interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, como director del Dapre, en la que se acordó las personas que debían gestionar las actuaciones en la unidad de gestión del riesgo.
Así mismo, señaló que el 11 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides con autorización del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se comunicó con Jaime Ramírez Cobo y le entregó un sobre sellado que contenía una tabla con los nombres de los proyectos regionales suministrados por los congresistas de la comisión interparlamentaria de Crédito Publico interesados en la contratación de UNGRD.
Según la Fiscalía, en la conversación Ramírez Cobo le solicitó los nombres y números de contacto en los municipios donde se desarrollaría, los proyectos contractuales entregados por los parlamentarios.
La fiscal Patiño aseguró que se documentó que el 5 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una reunión clave entre el entonces viceministro de Hacienda Diego Guevara y María Alejandra Benavides con los congresistas de la Comisión de Crédito Público, en la cual se advierta que todo estaba listo para lograr la viabilidad y dar luz verde a millonarios contratos de Gestión del Riesgo en 2024.
En su oportunidad, Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
“Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.
Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
Según se señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
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Protección especial
La fiscal Patiño confirmó a La FM que se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento contra Benavides en atención a que ya se pactó y consolidó un principio de oportunidad con la exfuncionaria, con el cual servirá como testigo clave contra otros implicados en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
De igual forma, sostuvo que se mantienen las medidas de protección otorgadas a María Alejandra Benavides, debido a las amenazas que ha recibido en contra de su integridad.
