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Ante el juez octavo especializado de Bogotá, la Fiscalía General acusó formalmente al expatrullero de la Policía, Harby Damián Rodríguez, por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte del ingeniero aeronáutico y estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre de 2020.
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El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos indicó que el expatrullero Rodríguez deberá responder en juicio por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.
En su exposición, el delegado de la Fiscalía señaló que entre las pruebas que se tendrán en juicio se encuentran testimonios, videos y los resultados de la necropsia que entregó el Instituto de Medicina Legal.
Según señaló el fiscal del caso, existen serios indicios que advierten acerca de la presunta responsabilidad del expatrullero en el caso de abuso policial que quedó registrado en un video que grabó uno de los amigos de la víctima, que en medio de la angustia pedía que no golpearan más al hombre de 43 años quien se encontraba en el piso totalmente indefenso.
Según expuso el fiscal, en el CAI de Villa Luz se habrían registrado otro tipo de torturas que habrían generado la muerte de Ordóñez.
Rodríguez se ha declarado inocente de estos hechos e incluso no aceptó firmar un preacuerdo con la Fiscalía General. Para el próximo 18 de mayo quedaron fijadas las audiencias preparatorias de juicio.
Preacuerdo de Juan Camilo Lloreda
En la mañana de este martes, el juez octavo especializado de Bogotá aceptó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el patrullero de la Policía Metropolitana, Juan Camilo Lloreda, quien aceptó su responsabilidad en la muerte de Javier Ordóñez.
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En la mañana de este martes, el delegado de la Fiscalía 94 de Derechos Humanos presentó el preacuerdo en el que, el patrullero Lloreda, aceptó que cometió los delitos de tortura agravada y homicidio agravado, por lo que se expone a una condena de 20 años teniendo en cuenta la rebaja que se le otorga por la información que suministró y que permitió que otros uniformados, sean también vinculados al proceso que se adelanta por la muerte de Ordóñez.
El juez le preguntó a Juan Camilo Lloreda: "¿se ratifica usted en lo manifestado en la Fiscalía en el preacuerdo?", a lo que Lloreda respondió: "Sí señor juez".
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la representación de víctimas estuvieron de acuerdo con la construcción del preacuerdo.
Solicitud de perdón
El patrullero Juan Camilo Lloreda se comprometió a pedir perdón públicamente a la familia de Javier Ordóñez y a la Policía Nacional por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Derecho.
Este acto de reparación se realizará por medio de un acto público en el que el uniformado reconocerá que se equivocó al haber sometido, golpeado y maltratado a la víctima.
También aceptará que Ordóñez se encontraba en un estado de inferioridad y de indefensión, al haber sido atacado mientras, permanecía en estado de alicoramiento.
Parte del compromiso de reparación consistió en revelar la verdad de lo que ocurrió en la madrugada en la que falleció Ordóñez.
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"La negociación consistió en que la Fiscalía a cambio de la aceptación de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada y con el propósito de no discutir el caso en el juicio, acordaron las partes que se tendrá en cuenta la máxima condena por el delito de homicidio, fijado en 240 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos", señaló el juez.
La construcción del preacuerdo, se basó en el informe de la necropsia que realizó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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