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La defensa del coronel retirado Juan Carlos Araque solicitó anular el proceso que se sigue en su contra en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras denunciar una supuesta manipulación de testigos para incriminarlo con casos de falsos positivos.
La petición fue realizada por parte del abogado Víctor Mosquera, quien indicó que en este caso se habría orquestado una estrategia para judicializar al coronel en retiro pese a que en su momento la Fiscalía no encontró méritos, ni evidencias en su contra y por el contrario solicitó la preclusión del expediente.
Según la defensa en este caso y ante la manipulación de pruebas se evidencia una supuesta violación al debido proceso y al propio derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.
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“La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados en representación del Coronel retirado del Ejército y abogado Juan Carlos Araque Leal, presentará solicitud de nulidad sobre el auto SUB D- SUBCASO HUILA-081 de 2023, por ser este violatorio de la garantía del debido proceso del compareciente y del derecho a la verdad de las víctimas”, indicó la defensa.
Explicó que esta solicitud de nulidad parte de una serie de grabaciones de los comparecientes realizadas por el señor Araque, en las cuáles, se evidenciaba que estos, confesaban actividades delictivas, indicando que estaban faltando a la verdad e incriminándolo con el único fin de obtener posibles beneficios jurídicos.
“Grabaciones que fueron legítimamente realizadas por el señor Araque Leal, amparado en las prerrogativas que la Ley 906 de 2004, la Ley 1957 de 2019, la Ley 1922 de 2018, el Estatuto de Roma y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, le otorgan a las víctimas de delitos, para grabar a sus victimarios como estrategia de defensa”, indicó la defensa.
Según el abogado Mosquera estas grabaciones fueron sometidos a cadena de custodia y resguardadas por un investigador especializado, hasta ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación, en denuncia contra los testigos que estarían mintiéndole a la justicia y ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
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La defensa del oficial también cuestionó la actuación de la Procuraduría Delegada 11 con Funciones de Coordinación e Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz que, al considerar que actuó contrario a su deber funcional de proteger los derechos de las víctimas, en particular su derecho a la verdad y cercenó el aporte de este nuevo material probatorio mediante la solicitud de apertura de investigación disciplinaria.
