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En diálogo con La FM, Wilson Ruiz, Ministro de Justicia, habló sobre el decreto expedido por el Gobierno Nacional en donde se buscar regular la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea en el país, para así garantizar la protección del medio ambiente y de la salud de la población que se encuentre en la zona de influencia.
El ministro Ruiz indicó que le decreto expedido busca regular el control de riesgos sobre la salud y medio ambiente que podría causar el eventual uso de glifosato u otro químico en la aspersión contra cultivos ilícitos. Esto en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional poder realizar la aspersión aérea.
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En este sentido, jefe de la cartera de Justicia aclaró que este decreto hace parte de uno de los requisitos que ha solicitado la Corte y que aún es necesario conocer un concepto sobre posible riesgo medioambiental o a la salud para poder adelantar la actividad de aspersión.
Por lo tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) deberán entregar un informe al CNE en el que evalúen las condiciones en las que se efectúa la erradicación de los cultivos ilícitos con aspersión aérea y deberán tomarse decisiones encaminadas a mantener, modificar o suspender las actividades de destrucción de dichos cultivos.
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El ministro Ruíz también aclaró que el químico que se utilice, sea glifosato u otro, tendrá que ser autorizado previamente por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Por otra parte, se conoció que el decreto también señala que deben quedar excluidas del plan de destrucción de cultivos ilícitos las áreas que hagan parte del Sistema de Parques Nacionales, Naturales al igual que los páramos y las zonas de reserva protegidas.
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En el borrador del decreto se advierte que se debe garantizar que las comunidades participen de todas las fases del programa de aspersión aérea para la erradicación de los cultivos ilícitos.
Igualmente deberán ser atendidas todas las quejas, denuncias y preocupaciones que tengan los habitantes de las zonas en las que se adelantará este proceso. De acuerdo con el Gobierno, también tendrán que responderse a las denuncias sobre efectos nocivos a la salud y al medio ambiente.
