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La Corte Suprema de Justicia aceptó como víctima al Congreso de la República en un proceso penal contra la congresista Argenis Velásquez por supuestamente exigir dinero a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El Congreso busca reparación por “afectación al prestigio del cuerpo colegiado” y a conocer la verdad sobre los hechos y “establecer si hay más funcionarios involucrados”.
El proceso contra Velásquez se relaciona con una demanda en la que la señalan de supuestamente “haber constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignado a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político”.
Según las investigaciones el esposo de la congresista, Edwin Chávez, era el supuesto encargado de solicitar a los trabajadores la entrega mensual de una parte de su salario una vez estuvieran vinculados a la UTL de su esposa.
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Una de las víctimas supuestamente, fue Nohora Rojas, quien aseguró que Chávez le exigió 3 millones de pesos mes a mes desde que inició sus labores en la UTL de la Congresista y hasta por los ocho meses siguientes.
Esa denuncia dice que una vez la empleada se negó a entregar los dineros, fue declarada como insubsistente por la congresista, es decir, fue despedida de la UTL.
Después de que la Corte recibió las denuncias por una compulsa de copias de la Fiscalía, el 13 de agosto de 2020 se abrió formal investigación penal. Argenis fue vinculada a la investigación mediante una indagatoria en junio del 2021.
Sobre lo que pide el Congreso, la Corte con ponencia de la magistrada Blanca Barreto advirtió que es esa corporación la que “ostenta la carga de demostrar la concurrencia de un daño de carácter económico”.
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