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La defensa del representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada le pidió a la Corte Suprema de Justicia anular las interceptaciones telefónicas recolectadas en el marco de la investigación que se le adelanta por presunta presión y manipulación a testigos.
El abogado Víctor Mosquera, quien defiende los intereses del congresista del Centro Democrático, señaló que las pruebas fueron recolectadas de manera ilegal por parte del alto tribunal, hecho por el cual no pueden tener ningún tipo de validez jurídica.
En la petición se manifiesta que el entonces magistrado de la Sala de Casación Penal, José Luis Berceló ordenó interceptar la línea telefónica del congresista oriundo del Huila sin tener ningún tipo de base o razón jurídica.
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En este punto señala pese a que el expediente se señala que el 23 de febrero de 2018 se iniciaron las interceptaciones telefónicas no existe un soporte que permita inferir por qué se dio esa orden y cómo se logró la identificación del número celular de Prada.
El abogado reclama que la línea interceptada ni siquiera estaba a nombre del presidente del Centro Democrático en el departamento del Huila, hecho por el cual llama la atención en la forma en cómo se logró identificar pocos días después del inicio de la investigación preliminar.
Indica que Prada nunca le entregó a los investigadores información de carácter privado y reservado. Al hacer una revisión se encuentra que los investigadores allegaron únicamente al despacho del magistrado Barceló un disco compacto del senador Iván Cepeda y la declaración que le rindió en la cárcel La Picota el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
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Estas fueron las pruebas que utilizó la Corte para iniciar la indagación contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada por presuntamente intentar manipular y presionar a un grupo de testigos.
Prada es investigado por presuntamente haber presionado a un grupo de exparamilitares que se encontraban privados de su libertad con el fin que acusaran al senador Iván Cepeda de haber ofrecido beneficios económicos y dádivas para que acusaran al senador Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, de tener vínculos con grupos paramilitares.
En la indagación se señala que el objetivo era que los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia que ya habían declarado contra Uribe se retractaran de sus acusaciones y señalaran que estos testimonios los emitieron por las presiones ejercidas por el senador del Polo Democrático.
El representante a la Cámara es investigado por su presunta participación en los delitos de soborno y fraude procesal. El primero, porque incluso habría manifestado a un intermediario la necesidad de pagar para que el testigo cambiara su versión.
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En la investigación se señala que habría contactado a una persona cercana a Monsalve para que cambiara la versión de sus hechos. La Corte sostiene que incluso Prada se comunicó telefónicamente con el testigo para convencerlo que era lo mejor que podía hacer.
La magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana deberá definir si acepta la petición y descarta las interceptaciones telefónicas antes de tomar una decisión de fondo en el marco de esta investigación preliminar.
Igualmente, en los próximos días la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá definir si acepta o no el impedimento presentado por la defensa del senador Iván Cepeda Castro en contra de la magistrada que adelanta la investigación al señalar que no ofrece las garantías procesales.
En este sentido cita que la magistrada laboró hace 20 años con el abogado Jaime Granados Peña quien es el principal defensor del senador Álvaro Uribe Vélez en este proceso judicial. Debido a esto se pidió que se aparte de la investigación ya que incluso omitió esta información en su hoja de vida.
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