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La Fiscalía General acusó formalmente al abogado Diego Cadena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Esto dentro del proceso que se les adelanta por presuntamente ofrecer dinero y asesorías jurídicas a dos exparamilitares para que declararán contra el senador Iván Cepeda y favorecieran al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El fiscal del caso detalló todos los hechos que rodearon el plan para presionar a los testigos y así obtener una versión en la que acusaran a Cepeda de ofrecer prebendas y beneficios jurídicos.
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"Para el mes de julio del año 2017 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz, actuando con una clara visión de trabajo, acordaron realizar actividades delictivas con un aporte de vital importancia para lograr el objetivo del acuerdo", precisó el fiscal Daniel Hernández.
Ese mismo mes, Cadena se reunió con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez quien se encontraba en la cárcel de alta y mediana seguridad de Palmira (Valle del Cauca).
“El abogado Cadena en provecho de un tercer aforado constitucional ofreció asesoría jurídica y el pago de 200 millones de pesos". El jurista le alcanzó a pagar 48 millones de pesos con el fin que declarara ante la Corte Suprema de Justicia y cambiara su versión sobre los hechos investigados.
"Lo que se exigía al testigo era señalar que el senador Iván Cepeda, lo había abordado para declarar falsamente ante la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez”, precisó el fiscal en la lectura del escrito de acusación.
Juan José Salazar, socio de Diego Cadena, fue el encargado de mantener contacto con Vélez y realizar los pagos pactados. Para esto, se reunió con familiares y emisarios del exparamilitar.
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Pese a su conocimiento jurídico y formación, los dos abogados sabían que estos ofrecimientos y entregas de dinero iban en contra del Derecho y aún así lo siguieron haciendo.
"Sabían que estaban haciendo ofrecimiento y pagos a testigos para que declararan falsamente", precisó el fiscal del caso al leer uno de los apartes del escrito.
Este tipo de afirmaciones generaron que los abogados de los ahora acusados le hicieron un llamado de atención al delegado de la Fiscalía por lo que consideraron una modificación de los hechos narrados en la audiencia de imputación celebrada hace tres meses.
El abogado Iván Cancino aseguró que se presentó una vulneración en el "principio de congruencia" frente a los hechos mencionados por el fiscal puesto que nunca se había hecho referencia al pago del dinero en efectivo.
En el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se señaló que el 22 de febrero de 2018 el abogado Diego Cadena lo abordó en la cárcel La Picota de Bogotá donde se encontraba recluido. Después de presentarse le ofreció sus servicios jurídicos para que su proceso fuera revisado y lograr que su caso pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Todo esto a cambio que Monsalve se retractara de las acusaciones hechas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago cuando los vinculó con la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
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Días después, Cadena se volvió a reunir con Monsalve y le señaló la necesidad que firmara unas cartas en las cuales reconocía que en efecto había sido presionado por el senador Iván Cepeda para acusar al exmandatario.
Pese a que Monsalve firmó la carta, abajo de su rúbrica le señaló a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que estaba siendo presionado por el abogado Diego Cadena.
El fiscal del caso anunció que cuenta con 14 testigos y 13 pruebas documentales para demostrar que tanto Cadena como Salazar intentaron afectar la administración de justicia ejerciendo presiones indebidas y ofreciendo pagos para cambiar una declaración.
Diego Cadena se encuentra actualmente con detención domiciliaria mientras que Salazar está en libertad.
El juzgado fijó para el 9 de febrero la audiencia preparatoria de juicio.
