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El gobierno de Gustavo Petro autorizó la erradicación "focalizada" de cultivos ilícitos mediante la aspersión terrestre con drones. El Ejecutivo asegura que se trata de una herramienta "técnica, regulada y supervisada" para enfrentar el narcotráfico sin afectar a las comunidades o al medioambiente.
La medida plantea el regreso pleno del glifosato en la estrategia estatal de erradicación, ocho años después de que la Corte Constitucional ordenara no reanudarlo si no se cumplían estrictos requisitos de consulta previa con las comunidades y prevención de problemas sanitarios.
Andrés Idárraga, ministro de Justicia interino y secretario de Transparencia de la Presidencia, afirmó que la aspersión será "controlada" y, como lo había anticipado su colega del Interior, Armando Benedetti, se concentrará en zonas donde los grupos ilegales presionen al campesinado.
"Esto nada tiene que ver con el pasado", sostuvo el funcionario en una corta rueda de prensa este lunes, desmarcándose de las potenciales críticas que despertaría la decisión, a la que el presidente Petro se opuso en administraciones anteriores cuando fue parte de la oposición.
No solo la Corte Constitucional restringió el uso del herbicida. En 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como probablemente cancerígeno para los humanos, el Consejo Nacional de Estupefacientes sesionó de forma extraordinaria y lo suspendió.
¿Cómo funcionará la aspersión con glifosato en el gobierno de Petro?
El plan ya es otro. Según explicó Idárraga, los drones operados por tierra permanecerán a una altura máxima de un metro y medio de las plantaciones ilegales. El herbicida, entonces, no caería "en lugares distintos a las hojas".
Con el nuevo método, se podría eliminar una hectárea de coca cada media hora. La erradicación debería arrancar esta misma semana, después de Nochebuena. "A más tardar jueves o viernes ya la Policía Nacional iniciará operaciones", anunció el ministro encargado.
Los uniformados vigilarán directamente la aplicación del glifosato, que tiene el aval del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Terrestre (Pecat), y contará con la supervisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
"En los lugares en donde los grupos al margen de la ley obligan a los campesinos a sembrar hoja de coca, allí es donde se realizará", dijo Idárraga, quien añadió la herramienta "logrará brindarle mayores condiciones de seguridad a los miembros de la fuerza pública".
Una "nueva fase" a la sombra de la comunidad internacional
Idárraga describió al retorno del glifosato como una "nueva fase en la lucha contra las drogas". En aproximadamente un mes, el Gobierno, con el secretario a la cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes, ha pregonado varias determinaciones en ese sentido.
El 27 de noviembre el ministro lideró junto a Benedetti una sesión del Consejo y luego comunicó un refuerzo de la vigilancia sobre los químicos utilizados en la producción de fentanilo. Una semana después, ambos radicaron un proyecto de ley para penalizar el tráfico del opioide.
Las medidas pretenden hacerle frente a los grupos armados ilegales, en medio de ofensivas de las disidencias de las Farc o del ELN. La aspersión, de hecho, comenzaría en Cauca, donde los grupos al mando de 'Iván Mordisco' intentan tomarse Buenos Aires y El Tambo.
Y también significan un guiño para Estados Unidos, que descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas e incluyó a Petro —a quien su homólogo Donald Trump llama "jefe del narcotráfico"— en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton'.
Los cultivos de coca en el país rozan los máximos históricos. Se calcula que en todo Colombia persisten más de 260.000 hectáreas sembradas, mientras entre el Gobierno y la ONU —que monitorea las cifras de las plantaciones— hay disputas por los cálculos de la producción de cocaína.
