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El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, impugnó la orden, que le dio el Juzgado 12 de Control de Garantías de Neiva, de retractarse y presentarle excusas a Yolanda Robles, la madre de su primogénito, por haber dañado su buen nombre.
Para el magistrado, un juez de garantías no era competente para conocer de una tutela en su contra, precisamente por el alto cargo que él ostenta tanto en el plenario de la Corte como en su representación como presidente. Robles también impugnó, inconforme con el fallo inicial.
Ahora el caso pasará a un juzgado penal del circuito para la segunda instancia. Mientras llega una decisión de fondo, Ibáñez no tendrá que retractarse. Los términos de las tutelas, al ser procesos relacionados con derechos fundamentales, no se suspenden en la vacancia judicial.
La discusión se remonta a las carpetas de una demanda de paternidad extramatrimonial que involucra a Jorge Enrique Ibáñez Robles, hijo del magistrado Ibáñez Najar. El medio digital CasaMacondo investigó la historia y entrevistó al togado.
La paternidad negada y las acusaciones "calumniosas" de Ibáñez
Ibáñez Robles demandó la paternidad de Ibáñez Najar en 2002, y la obtuvo en 2004. Intentó buscar el expediente en 2021 en Ibagué, pero no apareció. Una jueza ordenó reconstruirlo dos años después, lo que reveló un aparente acuerdo secreto entre padre e hijo.
Según el relato de Ibáñez Robles, quien nació el mismo año en que Ibáñez Najar se graduó de abogado —1982—, Ibáñez Najar le ofreció estudios en Bogotá a cambio de no usar su apellido. El hijo mantuvo oculto el convenio hasta que cumplió veinte años y decidió llevar su apellido actual.
El magistrado se defendió ante CasaMacondo. Dijo que ayudó en su educación a su hijo, que nunca sugirió que no podían compartir apellido y que le brindó manutención. Y acusó a Yolanda Robles de haberlo drogado y de haber abusado de él. Robles y su hijo reclamaron con una tutela.
"Las calumniosas e injuriosas manifestaciones realizadas por el entrevistado constituyen una afrenta a la dignidad humana y afectan el buen nombre y la honra no solo de los accionantes, sino de toda su familia", sostuvo el juzgado de garantías en su fallo impugnado, de veintiocho páginas.
Jorge Enrique júnior le dijo a la justicia que "en muchas ocasiones" Jorge Enrique sénior le "insinuó" no utilizar el apellido Ibáñez, y que "la única ayuda real" que el presidente de la Constitucional le dio fueron unos 500.000 pesos entre 2004 y 2010, con "incrementos anuales" de 50.000.
Las versiones hasta ahora desestimadas de Ibáñez contra Robles
Yolanda alegó que las relaciones que tuvo con Ibáñez Najar "fueron consentidas", y que nunca le dio al jurista "algo que lo colocara en situación de indefensión". Ibáñez, por su parte, culpó al medio que publicó su entrevista de "indebida divulgación de la información".
El juzgado criticó al magistrado Ibáñez por no aportar "la carga mínima de veracidad" que siquiera sustente que fue víctima de algún delito, lo que dio lugar a una "afectación del patrimonio moral de la accionante" y provocó "daño psicológico y afectación emocional".
Las acusaciones de Ibáñez Najar "lesionan gravemente los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la señora Yolanda Inés Ramírez". Para reponer el daño, Ibáñez tenía cinco días para retractarse y disculparse, pero optó por radicar un recurso contra el fallo.
"No solo se le estaría acusando de haber cometido un presunto delito de abuso sexual, sino que se estaría (sic) realizando afirmaciones que denigran y agravian a la accionante, lo cual incluso puede propiciar un incentivo a la violencia", le reprochó el juez Heriberto Sierra al magistrado Ibáñez.
