Secuestro de 18 soldados en el Chocó: Ejército señala instrumentalización de comunidades indígenas por parte del ELN

El general William Caicedo informó, en entrevista con La FM, que los soldados retenidos mantienen su integridad y se encuentran bien

El Ejército Nacional denunció el pasado domingo 21 de diciembre el secuestro de 18 soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, mientras adelantaban operaciones militares contra el grupo armado organizado ELN.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados fueron rodeados, interceptados y retenidos por un grupo de aproximadamente 200 personas, quienes los trasladaron de manera arbitraria hacia un resguardo indígena de la región.

El comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, general William Caicedo, informó en entrevista con La FM que los soldados retenidos mantienen su integridad, explicó las denuncias presentadas por los hechos ocurridos y señaló que estas situaciones están asociadas a la instrumentalización de comunidades indígenas por parte del ELN.

¿Qué se sabe sobre los soldados retenidos?

El general Caicedo indicó que la última comunicación satelital con los uniformados se produjo el día anterior, cerca de las cuatro de la tarde. Según explicó, hasta ese momento “están bien”.

Añadió que el Ejército adelanta gestiones para restablecer el contacto. "Adelantamos acercamientos con la comunidad indígena de la zona, la cual ha respetado y respeta su integridad personal”, expresó.

Al ser consultado sobre las razones por las que se presentan este tipo de hechos, el oficial señaló que no se trata de una situación nueva. Recordó que se han registrado casos similares en años anteriores y explicó que, de manera recurrente, estas acciones ocurren en comunidades indígenas que son “instigadas e instrumentalizadas por grupos armados”, específicamente por el ELN, para ejecutar este tipo de conductas.

Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta impunidad, Caicedo afirmó que “sí se denuncia cada una de estas azonadas y el posterior secuestro”. Precisó que, en el caso más reciente, el Ejército interpuso denuncias por los delitos de asonada, violencia contra servidor público y secuestro. También agregó que, cuando las circunstancias lo permiten, se procede por el delito de sedición.

El comandante explicó que la identificación de las personas que direccionan estas acciones dentro de las comunidades corresponde a la autoridad investigadora. No obstante, señaló que se han logrado avances judiciales en casos donde existen vínculos comprobables con grupos armados ilegales.

"Se han obtenido órdenes de captura principalmente por relaciones con el ELN y por reclutamiento de menores", detalló.

En ese sentido, informó que han sido judicializados dos presuntos determinadores conocidos como “alias Garabato” y “alias el Profesor”. A esto se suma la captura del hijo de “alias Garzo”, identificado como “alias Alejandro”. De acuerdo con Caicedo, estas actuaciones suman tres capturas realizadas desde noviembre hasta la fecha.

¿Qué operaciones realizaba el Ejército en la zona?

El general Caicedo explicó que los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba una operación militar en el municipio de Carmen de Atrato contra una comisión del ELN. Precisó que el objetivo era una estructura liderada por “alias Ramiro”, integrante del Frente Manuel Hernández, a quien señaló como el tercer cabecilla de esa comisión.

Según indicó, alias Ramiro estaría encargado del manejo de finanzas y vinculado a extorsiones y quema de vehículos. Caicedo afirmó que, en el desarrollo de estas acciones, el ELN ejerce presión sobre las comunidades indígenas y las utiliza para afectar la labor de la fuerza pública. Como ejemplo, mencionó que en un hecho ocurrido el 2 de junio, siete integrantes de esa estructura resultaron ser miembros de comunidades indígenas.

Consultado sobre las medidas para evitar que estas situaciones se repitan, el comandante sostuvo que se trata de un asunto que corresponde a una política pública y no únicamente a la fuerza militar. Indicó que las decisiones deben ser evaluadas con cuidado para no afectar a las comunidades, ya que, según reiteró, estas están siendo instrumentalizadas.

Caicedo señaló que se requiere un cambio dentro del marco de la política pública que permita abordar estas situaciones de manera integral.

*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM


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