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El país atraviesa uno de los escenarios fiscales más complejos de los últimos años. La insuficiencia de recursos para garantizar el financiamiento del presupuesto del próximo año llevó al Gobierno nacional a adoptar una decisión excepcional: declarar la emergencia económica, una figura prevista en la Constitución que faculta al Ejecutivo para actuar de manera inmediata ante situaciones graves y urgentes.
La medida se produjo después de que el Congreso archivara la ley de financiamiento, un proyecto clave con el que se buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos y asegurar la estabilidad del Presupuesto General de la Nación de 2026.
En este contexto, y en entrevista con La FM, María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia y del gremio Aliadas, expuso reparos de carácter jurídico y económico frente al eventual decreto de emergencia, planteó cuestionamientos sobre su constitucionalidad y advirtió posibles efectos sobre el empleo, la inversión y la confianza económica.
¿Por qué AmCham cuestiona la emergencia económica?
Lacouture afirmó que el decreto anunciado “no cumple con la constitucionalidad establecida dentro de nuestra Constitución” y sostuvo que las medidas planteadas “no van por un lado de emergencia económica”. Según explicó, se trata de disposiciones técnicas que afectan directamente el ingreso de los ciudadanos y la confianza.
"Es un golpe al bolsillo de los colombianos y a la confianza en el país”, afirmó.
La dirigente indicó que constitucionalistas de AmCham y Aliadas coinciden en que la emergencia “no cumple con los requerimientos”. Añadió que el gremio expuso siete razones para sustentar esa posición y realizó un llamado respetuoso a la Corte Constitucional para que evalúe una “sesión especial extraordinaria” si el decreto entra en vigencia, al considerar que no satisface exigencias constitucionales ni económicas.
Al detallar los argumentos, Lacouture explicó que una emergencia debe responder a un hecho “sobreviniente y excepcional”.
"La situación planteada corresponde a acciones fiscales estructurales y previsibles, y no a una catástrofe. La no aprobación de una ley de financiamiento es parte de la democracia deliberativa y el Congreso tiene la facultad de decir no", afirmó.
¿Ley o colapso? Lacouture cuestionó la medida y la consideró un “falso dilema”
La presidenta de AmCham también cuestionó lo que denominó un “falso dilema” entre ley o colapso, y recordó que la Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión.
"La emergencia es una figura subsidiaria y solo procede cuando lo ordinario resulta insuficiente, situación que no se acredita porque aún existen alternativas de ajuste presupuestal", aseguró.
Entre los puntos restantes, mencionó la posibilidad de mejorar la administración tributaria sin acudir a estados de excepción y recordó que la Corte ha reiterado que estas figuras son “regladas y limitadas”.
¿Qué impacto tendría en empleo e inversión?
Consultada sobre la percepción del sector productivo, Lacouture señaló que la expectativa frente a la emergencia, las tasas de colocación de bonos y la falta de consenso sobre el salario mínimo generan “mucha preocupación”. Indicó que, si no hay viabilidad para el sector empresarial, “las presiones hacia la generación de empleo van a ser mucho más fuertes”.
Explicó que una menor actividad económica se traduce en menos empleo y mayor incertidumbre, justo cuando, según afirmó, el país necesita reglas estables y crecimiento. También dijo que es este escenario afecta la planeación de las empresas y limita la capacidad de sostener y crear puestos de trabajo en distintos sectores.
Lacouture también advirtió que, en un año preelectoral, la situación descrita “frena la inversión”, al aumentar la cautela de los inversionistas frente a decisiones económicas y regulatorias.
"La combinación de incertidumbre y señales contradictorias impacta la confianza y retrasa decisiones clave para la actividad productiva", dijo.
En la entrevista, la presidenta de AmCham afirmó que las decisiones económicas del Gobierno tendrían efectos amplios sobre la economía, ya que que la “irresponsabilidad en las acciones económicas” terminaría afectando a todos los colombianos, no solo a las empresas, porque se estaría frenando lo que produce e ingresa recursos al país.
Emergencia económica: Las siete razones por las cuales no aplicaría
Reiteró que, desde la perspectiva de AmCham y Aliadas, la declaratoria de una emergencia económica no tendría sustento constitucional ni técnico, al no cumplir siete condiciones fundamentales:
No responde a un hecho sobreviniente y excepcional; se basa en problemas fiscales estructurales y previsibles; la no aprobación de una ley de financiamiento hace parte de la democracia deliberativa; plantea un falso dilema entre aprobar medidas o enfrentar un colapso; desconoce que la emergencia es un mecanismo subsidiario cuando existen herramientas ordinarias disponibles; omite la posibilidad de mejorar la administración tributaria sin acudir a un estado de excepción; y no identifica un hecho extraordinario real que justifique la medida, ni demuestra que se hayan agotado previamente los mecanismos fiscales ordinarios.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
