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La Corte Constitucional no acogió para su estudio la acción de tutela presentada por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombama en contra de la decisión de sus compañeros de separarla de las investigaciones que adelantaba contra el senador Álvaro Uribe Vélez.
En la acción judicial la magistrada Lombana pedía que se protegieran sus derechos la igualdad, a la no discriminación, al debido proceso, la honra, el buen nombre y la participación en la conformación, ejercicio y control político vulnerados, según ella, por los otros magistrados al quitarle los expedientes del caso Uribe tras resolver una recusación.
En contexto: Corte separó a magistrada Cristina Lombana de investigación contra Uribe
Lombana sostenía que los hechos por los cuales fue revisada por el senador Iván Cepeda por un conflicto de intereses por no haber presentado su dimisión a las Fuerzas Militares cuando se postuló como magistrada y aceptó el nombramiento.
En su batalla jurídica, la magistrada presentó los oficios que indicaban que ha no hacía parte de la Institución castrense y que el hecho que el entonces presidente Uribe fuera el máximo comandante de las Fuerzas Militares no era motivo suficiente para que que apartará del cargo puesto que nunca fue subordinada suya.
Igualmente sostenía que haber trabajado en la oficina del abogado Jaime Granados Peña, principal abogado de Uribe en la investigación, era razón suficiente para alejarse del conocimiento del caso. Sin embrago, todos estos argumentos fueron rechazados y la acción de tutela no cumplió sus pretensiones.
Pese a que la Procuraduría General le había solicitado a la Corte Constitucional admitir para su estudio esta acción de tutela, el alto tribunal -en cabeza de los magistrados Gloria Stella Ortiz y Alejandro Linares- consideraron que no cumplía con los requisitos para ser analizada.
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Ese era el último escenario que tenía la magistrada después que sus pretensiones fueran rechazadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
En la decisión tomada el 13 de mayo pasado, la Sala de Instrucción, por unanimidad, tomó la decisión de avalar la recusación y retirar de la investigación contra Uribe por su presunta participación en los delitos de soborno y fraude procesal.
"Unánimemente la Sala Especial concluyó que su condición simultánea de miembro activo de la fuerza pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural", precisó la Sala de Instrucción en ese momento.
Los magistrados aceptaron la recusación que señalaba que Lombana había faltado a la verdad cuando omitió varios datos en su hoja de vida al postularse al cargo, lo cual siguió en su presentación y su posterior nombramiento.
En los próximos días, el despacho del magistrado Julio César Reyes resolverá la situación jurídica de Uribe, es decir si archiva la investigación por supuesta manipulación de testigos o lo llama a juicio.
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