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De igual forma el alto tribunal le ordenó al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, que tome acciones urgentes en conjunto con las poblaciones afectadas para la recuperación ambiental del río y para acabar con toda la minería ilegal que allí existe.
Para la Corte Constitucional las afectaciones al medio ambiente y a la salud son prácticamente irreversibles, por lo que es necesaria la articulación de varias instituciones del Estado con el fin de proteger dicho afluente, considerado uno de los patrimonios hídricos más importante de la humanidad.
“Se reconocerá al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”, señala la sentencia.
Unas de las múltiples órdenes emitidas por la Corte Constitucional fueron dirigidas a los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, del Interior y al de Defensa, entre otros entes territoriales para que ponga en funcionamiento dicho plan que “incluirá medidas como: el restablecimiento del cauce del río Atrato, la eliminación de los bancos de área formados por las actividades mineras y la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal”.
Como parte del cumplimiento de dichas órdenes el Ejército Nacional, junto con diferentes autoridades, deberá neutralizar definitivamente las actividades mineras ilegales que incluirán “la incautación y neutralización de las dragas -y en general de la maquinaria utilizada en estas labores-, la restricción y prohibición del tránsito de insumos como combustible y sustancias químicas asociadas (mercurio, cianuro) y la judicialización de las personas y organizaciones responsables”.
Dentro de su análisis la Corte Constitucional encontró que es tan grave la situación que se registra con el río Atrato que hasta las formas tradicionales de subsistencia y alimentación de las comunidades indígenas se están acabando por este daño ambiental provocado por el desarrollo de la minería ilegal.
Asimismo, dio un plazo de 9 meses como máximo para que el Gobierno practique estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades, “en los que se determine el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas y la posible afectación en la salud humana de las poblaciones, consecuencia de las actividades de minería que usan estas sustancia”.
Para este fin la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría tomarán acciones de acompañamiento para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para proteger a la población y al río Atrato como sujetos de especial protección.
