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En medio de la última sala de selección de tutelas de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Ibáñez informó sobre un escrito que llegó a la corporación y que sugería un supuesto pago de sobornos a cambio de la selección de una tutela que enfrenta a la Gobernación de Córdoba con la Superintendencia de Sociedades, por cobros en servicios de salud por la IPS Funtierra Rehabilitación.
“Una nota de prensa o en un medio de red social en la cual se señaló que se relaciona el expediente que estaría según lo que se señala en esas notas, a punto de ser seleccionado, consignando una información alusiones que la selección obedecería al pago de soborno y/o aptitudes corruptas”, dijo el magistrado.
Ibañez señaló que su homologo Alberto Rojas Ríos solicitó, mediante un escrito, “separarse de cualquier tipo de decisión relativa a ese caso”.
Aunque el magistrado Ibáñez aseguró que ese expediente de tutela no se seleccionó para estudio porque no cumplía con los requisitos, el hecho recuerda el caso de soborno que salpicó a esa corte hace unos años y por el cual fue condenado el entonces magistrado Jorge Pretelt.
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“Ese expediente mencionado en las aludidas notas, como presunto acto de corrupción, en ningún momento fue, ni podía ser objeto de conocimiento por parte de la Sala #12 de Selección. El mismo nunca ingresó al estudio de la sala porque no cumplió bajo ninguna de las rutas de entrada”, sostuvo el togado.
El caso de Pretelt fue el pago de sobornos en busca de la selección de una tutela. El exmagistrado fue condenado en el 2019 a seis años y medio de prisión, por haber exigido 500 millones de pesos para la selección de una tutela de Fidupetrol con la cual, esa empresa pretendía echar atrás una multa de 22.500 millones de pesos, impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por haber usado mal las regalías de Casanare.
Actualmente, el exmagistrado busca que su condena sea revisada en segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia. Ese proceso inicio por una denuncia del entonces magistrado Mauricio Gonzales. El principal testigo de los hechos fue el abogado Víctor Pacheco.
Durante el juicio del proceso se aseguró que en el apartamento del entonces magistrado en una reunión que se llevó a cabo en el 2013, se exigió la suma del dinero; sin embargo, Pretelt siempre negó los hechos.
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