Corrupción en UNGRD: Niegan la libertad a la exconsejera Sandra Ortiz

Un juez de control de garantías de Bogotá le negó la libertad a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz y por ello, deberá seguir presa mientras avanza el juicio en su contra como pieza clave en el entramado de corrupción de Gestión del Riesgo.

La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a la exfuncionaria el 18 de diciembre de 2024.

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El juzgado rechazó los argumentos presentados por la defensa, con los que buscaba revocar la medida de aseguramiento dictada en su contra, al advertir que la Fiscalía logró demostrar que Sandra Ortiz todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal.

La vinculación de Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se debe a una serie de pruebas que demuestran su implicación en un esquema de sobornos.

Según la Fiscalía, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y luego dicha suma fue transportada y entregada a Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Congreso de la República como parte de un pago de coimas.

Para la Fiscalía, Ortiz habría incurrido en un concurso de conductas punibles, lo que podría derivar en una condena por lavado de activos, el delito con la pena más alta de los que enfrenta.

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 Este cargo incluye una posible extensión de la sanción debido a otras conductas ilícitas imputadas, las cuales serán definidas por el juez de conocimiento en la audiencia de lectura de sentencia.

La exfuncionaria deberá continuar detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá y con base la acusación de la Fiscalía se podría exponer de ser hallada culpable a una pena de hasta 10 años de prisión.