La FM en Google News
El Consejo de Estado tenía previsto el 4 de diciembre tomar una decisión clave en medio del proceso que busca tumbar la personería jurídica de Progresistas, el partido que fundó la senadora María José Pizarro al separarse del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) para unirse al Pacto Histórico.
La poderosa Sección Quinta del alto tribunal se reunió a las tres de la tarde, y en su agenda estuvo la discusión de la demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio a Progresistas el estatus de partido.
Pedro Pablo Vanegas Gil es el magistrado ponente. Admitió la nulidad el 7 de noviembre, y desde entonces avanza una cuenta regresiva para definir si la Quinta suspende la personería de Progresistas mientras llega a una decisión de fondo, como Valencia pidió en forma de medida cautelar.
Hasta ahora, el Consejo le ha notificado al CNE, a Progresistas, a Paloma Valencia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que el proceso existe y que deben pronunciarse. Pero la decisión frente a la medida provisional llegó esta semana a una especie de traba.
El 2 de diciembre el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez le envió a su colega Vanegas una carta de dos páginas manifestando su impedimento para participar en el debate sobre Progresistas. "Me puedo encontrar impedido para decidir el presente asunto", aseveró desde el primer párrafo.
Barreto argumenta "estar incurso" en la primera causal de recusación que plantea el Código General del Proceso: "interés directo o indirecto en el proceso". Según su misiva, la clave es una investigación de la Comisión de Acusación en la que está salpicado.
La Comisión de Acusación versus el Consejo de Estado
La Comisión inspeccionó el 13 de noviembre el alto tribunal, cinco días después de abrir una investigación previa contra su presidente, Luis Alberto Álvarez; contra los magistrados Omar Barreto y Pedro Vanegas, y contra la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
El expediente en la célula legislativa aún no define si será disciplinario o penal, pero su inicio es claro: una denuncia del comité político del Pacto Histórico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por un presunto prevaricato.
Todo comenzó con las elecciones territoriales de 2023. Nicolás Gallardo Vásquez acaparó más del 70% de los votos con la coalición Avanzar es posible, una alianza del Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador.
Dos años después, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia, por haber apoyado a Delford Brackman Ortiz y Luis Manuel Torres James, del Nuevo Liberalismo, a la Asamblea Departamental.
La Quinta, con ponencia de Omar Barreto, no constató un apoyo al diputado Brackman, aunque en el expediente contencioso hubo fotos de él junto a Gallardo en eventos públicos. Pero sí confirmó un impulso hacia Torres, exsecretario de Movilidad.
Brackman y Torres fueron los dos candidatos más votados de una coalición del Nuevo Liberalismo, los conservadores y Colombia Justa Libres, ambos con poco más de 380 votos. El Partido Liberal tuvo su propia lista, que alcanzó más de 9.000.
El creole, el español y el presunto prevaricato
La hija de Luis Torres, Kimberly, participó en el proceso de nulidad con un memorial en el que dijo defender los intereses de su hija menor de edad, quien “merece un futuro mejor, con gobernantes trabajadores, decentes y honestos”.
El expediente contra Gallardo tuvo unos 495 documentos, que además de la defensa del gobernador, del Consejo Nacional Electoral y de los partidos que lo acompañaron, incluían cartas de isleños que querían respaldar a quien eligieron en las urnas.
Y Gallardo Vásquez —administrador de empresas y sobrino del excongresista Julio Gallardo, condenado por su participación en el Cartel de la Toga—, entre los tantos argumentos que usó para contestar la demanda, quiso darle prevalencia a que pertenece a la comunidad raizal.
“La parte demandada asegura que, por ser raizal, debe darse prevalencia a los derechos de las minorías étnicas. No obstante, debe reiterarse que la prohibición de la doble militancia debe aplicarse sin distinción alguna”, reseñó el Consejo de Estado.
Kimberly Torres tomó la premisa para presentar una tutela que devolviera a Nicolás Gallardo a su cargo. Planteó que la Sección Quinta exigía que las intervenciones en el proceso de nulidad fuesen en castellano, no en su natal creole.
En principio tuvo una victoria, porque la Sección Segunda, que analizó la tutela, impuso una medida cautelar que regresó a Gallardo a la Gobernación mientras el alto tribunal traducía todo al creole y resolvía el asunto de fondo.
La sombra del Pacto Histórico en la disputa interna de la Sección Quinta
Pero no duró mucho. El 22 de octubre, con ponencia de la magistrada Elizabeth Becerra, la Sección Segunda declaró improcedente el amparo. Entre otros motivos, porque la propia Torres se había pronunciado voluntariamente en español.
El comité político del Pacto Histórico en San Andrés y un ciudadano identificado como Richard Martínez Olivera denunciaron a los magistrados que participaron en la nulidad y en la tutela, por presunto prevaricato, y la representante Gloria Arizabaleta Corral abrió una investigación previa el 7 de noviembre.
Arizabaleta es presidenta de la Comisión de Acusación. Es congresista gracias al aval de La Fuerza de la Paz, el partido que fundó junto a Roy Barreras, su exesposo, con quien ya no tiene contacto, y es parte del Pacto Histórico, aunque guarda una relación distante con la coalición.
De hecho, el candidato presidencial Barreras cuestionó la inspección, calificándola como “una afrenta contra el Consejo de Estado, además de un error enorme”. "Es una práctica de pruebas necesaria. Pero también entiendo que usted es médico y de eso sabe poco", respondió Arizabaleta.
El magistrado Omar Barreto sostiene que la investigación de Gloria Arizabaleta y la Comisión es motivo suficiente para no participar en la discusión sobre Progresistas, porque en el medio de todo está el Pacto, que se convirtió en partido y busca la adhesión del movimiento de Pizarro.
"Puede entenderse configurada la causal de impedimento alegada", insiste Barreto, pues el Mais, del que se separó Progresistas, "hizo parte de la coalición Pacto Histórico por medio de la cual fue elegida la señora Arizabaleta Corral como representante a la Cámara".
"Transparencia, imparcialidad y autonomía"
El consejero propone "asegurar los principios de transparencia, imparcialidad y autonomía que enmarcan la actividad judicial". "Solicito declarar fundado el impedimento y separarme del conocimiento del asunto", concluyó en su memorial.
La Sección Quinta —que también tiene pendiente deliberar sobre la personería de La Fuerza de la Paz— se reunió un día después de que el CNE reconoció al Pacto Histórico como un partido único tras varios meses de discusión interna y de protestas de la izquierda.
El Pacto conservaba una personería a medias, con la fusión del Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. El CNE dejó por fuera a Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, y a Progresistas. Las colectividades esperan resolver sus líos jurídicos.
Progresistas es el resultado de una escisión del Mais que lidera la senadora María José Pizarro. Actualmente, su personería está en jaque, con dos demandas andando en el Consejo de Estado. La más avanzada es la de Paloma Valencia.
El CNE aprobó la fusión de los partidos oficialistas condicionándola al fin de los procesos sancionatorios en su contra. Colombia Humana quedó al margen por las mayorías de su asamblea, y Progresistas, porque no tenía la personería que obtuvo el 22 de octubre.
La demanda de Valencia se basa, precisamente, en las investigaciones del CNE. Como el tribunal electoral tuvo procesos abiertos contra los partidos que solicitaron su fusión en el Pacto —incluyendo a Progresistas, que seguía en el Mais—, aparentemente no podía certificar las personerías.
