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La Sala de Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto que fue solicitado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con respecto al proyecto de la Jurisdicción Agraria y Rural que está siendo discutido en el Congreso.
El tribunal explicó en el documento que, luego de analizar la iniciativa, evidenció varios errores que representarían sustituir o desconocer competencias que fueron establecidas en la Constitución al Consejo de Estado.
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"El estado actual del proyecto desconoce importantes competencias y disminuye el alcance de las facultades que, por disposición constitucional, han sido instituidas en el Consejo de Estado, debido a la finalidad y especialidad de la jurisdicción contencioso administrativa", afirmó el documento.
En el concepto resaltan que estas disposiciones, deben ser corregidas por el legislador para evitar afectaciones a principios como el debido proceso, la seguridad jurídica, el juez natural y la relación que habría con el tribunal del contencioso administrativo.
El tribunal afirmó que la preocupación aumenta debido a que el proyecto de ley podría generar una reducción a las competencias que tiene el Consejo de Estado resolver disputas en segunda instancia en materia agraria y rural, que son resueltas por los magistrados en la actualidad.
Además los magistrados de la Sala consideran que el Congreso debe delimitar las funciones de los jueces y tribunales agrarios debido a que, en el proyecto que está en discusión, se establece que el los Tribunales Agrarios van a definir temas contencioso administrativos relacionados con asuntos de tierras, pese a que se trata de funciones de los magistrados.
"No solo porque muchas de las atribuciones que tenía en estos temas pasaron con este proyecto de ley a los jueces y tribunales agrarios, sino porque de acuerdo con la estructura de la jurisdicción agraria y rural, son los Tribunales Agrarios, en realidad, los que van a definir el grueso de los debates contencioso administrativos en estos asuntos", añade el concepto.
"Es necesario que se delimiten de manera precisa, razonable y proporcionada, las competencias y los procedimientos a seguir en esa jurisdicción, considerando las funciones que cumplen los vigentes tribunales superiores de justicia, con quienes debe obrar en sinergia", continúan los magistrados.
Otro de los temas que más preocupa a los magistrados es la unificación de jurisprudencia que, hasta el momento, corresponde al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil y Agraria, pero que en la iniciativa, deja a la deriva esta competencia.
"La competencia para la unificación de jurisprudencia está asignada a los órganos de cierre de cada jurisdicción – que en este caso debe ser el Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia-, y no a otras autoridades judiciales, como ocurre con los tribunales agrarios y rurales", añade el tribunal.
Finalmente, la sala resalta que debería considerarse la opción de que el Consejo de Estado asuma algunos casos de esta jurisdicción agraria, pese a que en el proyecto se beneficia la cercanía del juez agrario con la cercanía del conflicto.
Para el tribunal, podría considerarse el cambio de jurisdicción en casos en los que haya factores objetivos como orden público o relevancia nacional.
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"Esa habilitación del legislador del cambio de competencia podría darse, siempre, en razón a factores objetivos, como el orden público, asuntos de relevancia nacional, impacto departamental o nacional de los asuntos agrarios y rurales en trámite", concluye el documento.
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