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Entre el primero de enero y el 30 de noviembre, Colombia fue epicentro de 165 asesinatos de líderes y lideresas sociales, lo que deja un saldo de más de 1.600 casos desde enero de 2016. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo en un reciente balance sobre el mortal silenciamiento de defensores de derechos humanos.
La cifra hace parte de una muestra de violencia más amplia. Basándose en el observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el reporte del Ministerio Público remarca los homicidios de 37 firmantes de paz en lo corrido de 2025, siendo enero el mes más letal, con nueve casos.
José Miguel Mojica Conchangui protagonizó el episodio más reciente de homicidios de líderes. Era un reconocido líder indígena Wiwa y trabajaba con la comunidad de la vereda de Mucura, en Riohacha, capital de La Guajira. Según los primeros reportes locales, fue asesinado frente a su familia.
Conchangui siguió en el listado a Jairo Alberto Díaz Salazar, secuestrado el 21 de diciembre y hallado sin vida al día siguiente; Pablo José Almanza Cañate, de 72 años, baleado a las afueras de su vivienda en Soledad, Atlántico, y Campo Elías Urrutia, impactado con un arma y atado a un árbol en Casanare.
Un año marcado por la violencia
El cierre del año puede enmarcar un panorama aún peor. La Defensoría no incluye cifras de diciembre, cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en todos los territorios donde hace presencia, lo que ha empeorado la crisis humanitaria en el Catatumbo.
Norte de Santander, donde la región catatumbense abarca once municipios, registró los asesinatos de diez liderazgos sociales entre enero, cuando comenzó la emboscada del ELN contra la disidencia de las Farc Frente 33, y noviembre. Fue el tercer departamento más sangriento para defensores de derechos.
Cauca se ubicó en el primer lugar, con 36 homicidios. Le siguió Antioquia, con 21, y Valle del Cauca, con 17. El mes con más asesinatos fue marzo, con 20, seguido por julio, con 19, y noviembre y febrero, con 18. Del total de liderazgos acribillados, 143 fueron líderes y 22, lideresas.
“Los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz siguen siendo perseguidos, y sus voces continúan silenciándose”, expresó la Defensoría del Pueblo. “El panorama en Colombia sigue siendo alarmante”, agregó, con un llamado a que la defensa de derechos no siga costando vidas.
El Ministerio Público insistió en la necesidad de una “atención inmediata” en el Catatumbo, donde la presencia de grupos ilegales ha provocado más de 78.000 desplazamientos forzados. La emergencia humanitaria, que empezó el 16 de enero, llegó a un nuevo pico en octubre, con las confrontaciones armadas.
Masacres, desplazamientos y un llamado urgente al Estado
Siguen llegando familias a Cúcuta y Ocaña, particularmente desde El Tarra y Tibú. Unas 223 personas dejaron sus territorios entre el 22 y el 26 de diciembre. La Defensoría le pidió al Frente 33 “desescalar el conflicto” y al Gobierno nacional apoyar a las autoridades locales, que cuentan con “capacidades limitadas”.
El 2025 estuvo marcado por 75 masacres hasta el 30 de noviembre. Agosto fue el mes más mortífero, con 15 casos, y enero fue el segundo peor, con nueve. Noviembre y septiembre tuvieron ocho, y mayo y junio, siete. En total, las matanzas causaron 247 víctimas en 17 departamentos.
Hace más de dos años, en octubre de 2023, en medio del caso del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Colombia responsable por la violación del derecho a defender derechos y pidió tomar medidas no solo de reparación, sino también de prevención.
“Las amenazas y los atentados contra la integridad y la vida de las defensoras y los defensores, así como la impunidad de los responsables por estos hechos, son particularmente graves porque tienen un efecto no solo individual, sino también colectivo, pues la sociedad se ve impedida de conocer la verdad”, señaló la Corte.
