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El juzgado trece administrativo de Cartagena, ordenó a la Fiscalía indemnizar a la familia Berrío Echeverri, por la negligencia en la investigación de la muerte Jean Carlos de 10 años, quien falleció a causa de un paro cardiorespiratorio provocado por un mal procedimiento médico.
Según la investigación el niño recibió una dosis de anestesia superior a la que podía soportar, antes de ser sometido a una cirugía ambulatoria en el Hospital de Bocagrande en 2006. Así lo aseguró el abogado Carlos de la Rosa representante legal de la familia “esa al parecer habría sido la causa de la muerte del menor”.
Los más curioso del caso es que la Fiscalía, a pesar de tener las pruebas que demostraban el mal procedimiento médico tan solo 4 meses después que la familia interpusiera la denuncia del caso.
“En ese momento la Fiscalía a los 3 o 4 meses de haberse presentado esa denuncia ya tenía esa información. No obstante de esto, el ente investigador se retarda siete años sin dar ninguna respuesta al tema. Y en 2013, ordena precluir la investigación por prescripción de la acción penal”, explicó el abogado.
Por este motivo, la familia Berrío Echeverri decide emprender acciones legales contra Fiscalía, además porque entre las razones que adujo el ente investigador, estaba que al parecer la investigación preescribió porque la familia no habría apoyado el caso.
“Llama poderosamente la atención en este proceso que la Fiscalía trata de revertir su responsabilidad, volviendo responsables a los padres, de haber preescrito el proceso. Cuando toda la responsabilidad siempre estuvo a manos de la Fiscalía que es el ente encargado constitucional y legalmente en ese momento, para tomar esa decisión”, denunció De La Rosa.
La Fiscalía alegaba que era culpa exclusiva de la víctima. “los papás de Jean Carlos, a pesar que tenían la pérdida del hijo, a pesar que había perdido la oportunidad de conocer qué era lo que había pasado con la muerte de su hijo, la Fiscalía ahora los estaba haciendo responsable de su negligencia”, declaró el representante legal de la familia.
12 años después de la muerte del menor, el ente investigador es exhortado a cancelarle a la madre y al padre, 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y al hermano 20 salarios. En este caso, el Hospital de Bocagrande, no deberá pagar sanción alguna, pues legalmente la investigación preescribió.
