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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió para su estudio el expediente por una ejecución extrajudicial que se adelantó en contra del sargento segundo (r) José Jesús Perdomo Chacón.
En el acta de sometimiento, el militar se comprometió a entregar información sobre los hechos que rodearon el asesinato de un campesino quien fue presentado como guerrillero del ELN abatidos en combate en hechos registrados el 7 de agosto de 2003 en el sitio conocido como Puente Roja, en la vereda La Reforma, municipio de Carta (Santander).
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El sargento segundo manifestó que puede colaborar con el esclarecimiento de los hechos, indicando que para alcanzar la verdad se compromete a conversar con los militares que adelantaron el operativo en el que murió el jornalero.
“Quiero manifestarles a los señores Magistrados que yo desconozco exactamente cómo ocurrieron los hechos por los cuales fui condenado ante la Justicia Ordinaria, pero que mi intención es la de aportar con total certeza y apego a la verdad lo que me consta y sé que ocurrió ese fatídico día (sic)”, reseña.
Considera que “en busca de la verdad yo mismo he intentado conversar con los soldados profesionales Tarazona, Antolines, Almeida, Berdugo, Rueda y Arguello (QEPD) para poder entender lo que realmente se realizó ese día a lo que siempre me han manifestado diciente 'Tranquilo que usted no tiene nada que ver con estos hechos'”.
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En el acta igualmente indica que responsabilidad de estos hechos recae directamente sobre sus superiores, quienes dieron las órdenes para el operativo y tenían certeza que el campesino no tenía ningún tipo de vínculos con dicho grupo subversivo.
“Siendo consciente de la gravedad de lo ocurrido y de los serios vacíos que existen respecto de la forma en la que murió el señor Mario Jose Rojas Ávila, debo indicar que quien conoce a fondo lo sucedido es el señor Teniente hoy en día en el grado de mayor Rodríguez Forero Lucas y el sargento viceprimero hoy en día Retirado Garzón Rojas Álvaro Miguel”.
Indica además en el escrito radicado ante la Secretaría de la JEP que “mi compromiso con ese proceso restaurativo en donde el pilar fundamental son las víctimas, es precisamente presentar un relato serio y corroborable de lo sucedido el día de los hechos (sic)”.
Tras su sometimiento, el sargento segundo ha manifestado que ha realizado diferentes actividades dentro de su sitio de reclusión, entre las que se encuentran cursos de porcenalicrón con personas de la tercera edad.
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El sargento segundo fue sentenciado por el juzgado tercero penal del circuito de Bucaramanga en julio de 2015 por su responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida. La condena fue ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santander.
En el fallo se señaló que “el devenir procesal, permitió establecer que la víctima era un humilde campesino residente en el sitio donde fue ultimado, y quien en momentos antes se hallaba en faenas agrícolas, sin que tuviera posibilidad ni razón alguna para enfrentarse a los miembros del Ejército, configurándose de esta forma la conocida práctica militar conocida como ‘falso positivo’”.
En el desarrollo del proceso penal, el sargento aseguró que fue informado a última hora para que se trasladara hasta dicha vereda con el fin de atender una situación, reconociendo que nunca recibió información clara del operativo ni de las acciones que allí se estaban desempeñando.
