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Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buenaventura (Valle del Cauca) envió a la cárcel a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo regional Pacífico, Mónica Andrea Bravo Bermúdez, tras considerar que representa un peligro para la sociedad. Bravo está involucrada en un hecho relacionado con secuestro, amenazas y torturas contra tres trabajadores suyos ,entre ellos dos extranjeros.
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El juez impuso una medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario contra la mujer que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, contrató a una oficina de cobros de Cali (Valle del Cauca), para intimidar a algunos de sus empleados, de quienes presumía le habían hurtado la suma de 40 millones de pesos.
Los hechos se registraron el pasado 31 de enero de este año, cuando la funcionaria de la Defensoría del Pueblo citó en su residencia a un empleado que le colaborada con los servicios de aseo de la vivienda y a dos extranjeros que habían efectuado una intervención de la casa.
Según la investigación de la Fiscalía, en la casa se encontraba la mujer en compañía de Javier Enrique Bermúdez Yesquen (otro de los procesados) y dos hombres más que habían llegado de Cali (Valle del Cauca) y que al parecer harían parte de una oficina de cobros.
"En el interior del inmueble, los tres trabajadores fueron amenazados con armas de fuego supuestamente por los dos últimos sujetos en mención, quienes se habrían identificado como integrantes de oficina de cobro", señaló la Fiscalía en un comunicado.
Durante varias horas las víctimas fueron instigados con las armas de fuego a responder sobre el hurto de 40 millones de pesos, que se había registrado en la residencia de Mónica Andrea Bravo Bermúdez.
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Se conoció además que, hacia la una de la tarde de ese día los trabajadores fueron obligados a subir a dos vehículos en los que los trasladaron a una finca de propiedad de la mujer donde fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
"Allí, fueron atados de pies y manos, así como sometidos a golpes, torturas y amenazas, con el fin de obligarlos a decir dónde y quién se había quedado con el dinero", mencionó la Fiscalía
Hacia las 10 de la noche, las víctimas fueron trasladadas nuevamente a Buenaventura y fueron nuevamente amenazados con que si denunciaban lo ocurrido ante las autoridades serían asesinados.
Por estos hechos, la Fiscalía General les imputó los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada, sin embargo se declararon inocentes.
Tanto Mónica Andrea Bravo Bermúdez como Javier Enrique Bermúdez Yesquen, fueron enviados a la cárcel por considerar que representan un riesgo para la sociedad.
Además, el juez cuestionó que la mujer siendo funcionaria de la Defensoría del Pueblo, entidad que se encarga de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, hubiese resultado involucrada en un hecho tan grave como lo fue el aparente secuestro, amenazas y torturas contra tres personas que le habían prestado un servicio.
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