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Los contratos estaban destinados para la atención de la primera infancia y madres gestantes.
Este caso se relaciona con las anomalías detectadas en la ejecución de un contrato del 30 de diciembre de 2014 por valor de 7.818 millones de pesos suscrito por el ICBF y la Fundación Prociencia, cuya representante legal es Olga Lucía Pérez Gutiérrez.
Según la Fiscalía, el objeto de este contrato era prestar atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar. El contrato debía ejecutarse durante la vigencia 2015.
Sin embargo, se pudo evidenciar, a través de peritajes contables e inspecciones al lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en un monto que ascendió a 1.500 millones de pesos.
Los capturados por este caso son: Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la Fundación Prociencia; Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera de la Fundación; Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, hijos de la citada tesorera.
Los capturados por este proceso serán judicializados por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
La Fiscalía estableció que el desvío de recursos de este contrato se habría realizado mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados; además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.
“También se develó que al parecer fueron creadas a nombre de los hijos de la actual tesorera de la fundación, tres empresas proveedoras de fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora en mención, para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF”, añadió la Fiscalía.
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