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Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela desde 2013 hasta su reciente captura por parte de Estados Unidos tras doce años de gobierno, es una figura central en la política venezolana de las últimas décadas. Su carrera abarcó desde la organización sindical hasta la jefatura del Estado, y su mandato finalizó en medio de una operación internacional que culminó con su captura y retiro del poder en 2026.
Origen y trayectoria política de Nicolás Maduro
Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Antes de ingresar a la política formal, trabajó como conductor de autobuses en el Metro de Caracas y se vinculó a la actividad sindical en los años noventa. Su entrada al entorno de los círculos políticos chavistas se dio a partir de su estrecha relación con Hugo Chávez, con quien colaboró en la campaña para conseguir su liberación cuando este estaba preso tras un intento de golpe de Estado en 1992.
En 1999, Maduro fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución venezolana y, posteriormente, diputado en la Asamblea Nacional. Entre 2005 y 2006 ocupó la presidencia de ese cuerpo legislativo y luego fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta 2013. En octubre de 2012 fue designado vicepresidente de Venezuela por Chávez, quien lo señaló como su sucesor antes de fallecer en marzo de 2013.
Tras la muerte de Chávez, Maduro asumió como presidente interino y ganó una elección especial en abril de 2013 para completar el mandato de su mentor. Su ascenso a la presidencia marcó el inicio de un período prolongado en el que lideró el país bajo la bandera del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Mandato presidencial y disputas electorales
Maduro fue juramentado como presidente de Venezuela en abril de 2013 tras una elección en la que venció al opositor Henrique Capriles por un margen estrecho, en medio de polémicas por fraude. Posteriormente, fue reelegido en 2018 y nuevamente proclamado vencedor en un proceso electoral celebrado en 2024, cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada por observadores internacionales y fuerzas de la oposición.
Durante su gobierno, Venezuela enfrentó una severa crisis económica caracterizada por hiperinflación, escasez de productos básicos y una caída en la producción de petróleo. Además, el país vivió un aumento significativo de la emigración, con millones de venezolanos saliendo al extranjero. Su administración fue objeto de sanciones y críticas por parte de gobiernos y organismos internacionales que denunciaron falta de transparencia en los procesos electorales y violaciones de derechos humanos.
Esta última fase de Maduro comenzó con una ceremonia de juramentación en enero de 2025, a la que asistieron pocos jefes de Estado fuera del bloque oficialista. La oposición venezolana y varios gobiernos regionales rechazaron la declaración de victoria, argumentando irregularidades en el escrutinio de votos y la falta de publicación de actas detalladas de las elecciones.
Contexto del final de su gobierno y situación actual
El 3 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro en Caracas como parte de una operación militar que puso fin a su mandato presidencial. La acción fue presentada por autoridades estadounidenses como parte de medidas para enfrentar acusaciones relacionadas con el narcotráfico y otros cargos penales.
La captura de Maduro se produjo luego de años de tensiones con la administración de Estados Unidos, que incluyeron sanciones económicas y la acusación formal de delitos. En el momento de su detención, su esposa, Cilia Flores, también fue arrestada. Las fuerzas opositoras, incluidas figuras que habían denunciado fraude electoral en 2024, se encuentran pendientes de participar en una hipotética transición política del país.
Con la salida de Maduro del poder, Venezuela se podría enfrentar a un proceso de reorganización institucional y política. La idea de varios líderes opositores y sectores de la comunidad internacional buscan sentar las bases para una transición que reafirme los principios constitucionales y el restablecimiento de garantías electorales.
