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Una jueza federal concluyó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Departamento de Defensa, violaron la ley al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. sin la solicitud de las autoridades civiles del distrito, una condición requerida por los estatutos que regulan este tipo de operaciones.
La decisión responde a la demanda presentada a principios de septiembre por la Oficina del Fiscal General de Washington, que cuestionó la expansión de la presencia militar y de agentes federales en la capital impulsada por la administración Trump.
La jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito, sostuvo que el Gobierno “excedió los límites de su autoridad” y actuó “en contra de la ley” al desplegar a la Guardia Nacional de Washington para misiones no militares de disuasión del delito, sin que existiera una petición del gobierno local.
La orden se aplaza 21 días para permitir una apelación
Aunque el fallo declara ilegal el despliegue, Cobb decidió retrasar la entrada en vigor de su orden —que obligaría a retirar inmediatamente a los efectivos— y concedió 21 días al Gobierno de Trump para presentar una apelación. La jueza también determinó que la administración “carece de autoridad legal” para trasladar a Washington a miembros de la Guardia Nacional provenientes de otros estados, una práctica que la Casa Blanca defendió como necesaria para reforzar la seguridad en la capital.
En su análisis, Cobb subrayó que las operaciones cuestionadas involucran la presencia diaria de más de 2.000 efectivos, equivalente a dos tercios del tamaño de la fuerza policial local. También advirtió sobre el riesgo de que esta incursión federal “se vuelva permanente o duradera”, señalando que se creó una unidad especial de la Guardia Nacional con fines policiales en el distrito, algo que viola los estatutos vigentes.
“El tribunal no encuentra ninguna autoridad (…) que respalde la capacidad del presidente para desplegar la Guardia Nacional de Washington para patrullar el Distrito bajo estas circunstancias”, escribió.
Reacciones encontradas entre Washington y la Casa Blanca
El fallo fue celebrado por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, quien afirmó que el gobierno federal había incurrido en una “extralimitación sin precedentes”.
“El ejército de EE.UU. no debe patrullar a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense”, dijo en un comunicado. “Ya es hora de que la Guardia Nacional regrese a casa, a sus vidas cotidianas, sus trabajos, sus familias y sus hijos”, añadió.
Desde la Casa Blanca, la respuesta fue inmediata. La portavoz presidencial, Abigail Jackson, defendió la actuación de Trump asegurando que el presidente estaba “completamente dentro de su autoridad legal” para proteger bienes federales y apoyar a las fuerzas del orden.
“Esta demanda no es más que otro intento (…) de socavar las operaciones altamente exitosas del presidente para detener el crimen violento en Washington”, afirmó.
El contexto jurídico: la “posición constitucional única” del Distrito de Columbia
La jueza Cobb —designada por el expresidente Joe Biden— reconoció las complejidades del caso debido a la estructura jurídica singular de Washington, que no es un estado y cuyo autogobierno depende del Congreso. Sin embargo, recalcó que esos derechos “se ven vulnerados” cuando el Ejecutivo federal excede su autoridad legal y despliega fuerzas militares para tareas policiales sin el consentimiento local.
El enfrentamiento legal continúa ahora en manos del Gobierno de Trump, que deberá decidir si apela dentro del plazo establecido mientras la presencia de miles de miembros de la Guardia Nacional sigue bajo escrutinio judicial.
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