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Poco después de que cuatro periodistas del New York Times se sentaran con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una entrevista sobre su política exterior, la conversación fue interrumpida por una llamada que marcó un giro en la relación con Colombia.
La llamada fue del presidente colombiano Gustavo Petro y se produjo apenas días después de que Trump hubiera insinuado la posibilidad de una acción militar contra Colombia por su supuesta implicación en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.
Según fuentes presentes durante la conversación en la Casa Blanca, cuando se iluminó el teléfono de Trump, el presidente hizo una pausa en la entrevista con The Times para atender la comunicación desde Bogotá. Invitó entonces a los reporteros a permanecer en la Oficina Oval, con la condición de que no revelaran el contenido de la llamada. Al lado de Trump estaban el vicepresidente J.D. Vance y el senador Marco Rubio, quienes salieron de la sala una vez la llamada concluyó.
La conversación entre Trump y Petro se extendió por aproximadamente una hora. Tras colgar el teléfono, Trump dictó a un asistente un mensaje para sus redes sociales en el que relató que Petro había llamado “para explicar la situación de las drogas” que se producen en zonas rurales de Colombia, y añadió que lo había invitado a visitar Washington próximamente.
Analistas diplomáticos interpretan que la llamada sirvió para disipar, al menos de manera temporal, cualquier amenaza explícita de acción militar estadounidense contra Colombia, luego de semanas de tensiones que incluyeron acusaciones severas del gobierno de Trump acusando a Petro de tolerancia o complicidad con el narcotráfico —acusaciones que Petro y su administración han rechazado repetidamente, señalando sus esfuerzos y cifras récord en incautaciones de cocaína.
El líder colombiano, que antes había enfrentado la posibilidad de un choque diplomático abierto con Estados Unidos, defendió durante la llamada las políticas de su gobierno contra las mafias del narcotráfico y destacó medidas como la sustitución voluntaria de cultivos ilegales y cifras de incautaciones que, aseguró, superan a las de administraciones anteriores.
