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El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que ha intensificado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, avanza con el apoyo logístico y diplomático de varios países de la región, aunque con matices que van desde el respaldo abierto hasta colaboraciones más cautelosas. Mientras tanto, la operación —que Washington justifica como una ofensiva contra el narcotráfico— ya acumula más de 80 muertos en ataques contra embarcaciones, sin que la Casa Blanca haya presentado evidencias públicas que respalden sus acusaciones.
Trinidad y Tobago: el apoyo más contundente
El respaldo más firme ha venido de Trinidad y Tobago, ubicado a apenas 11 kilómetros de la costa venezolana. Desde el inicio del despliegue en agosto, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar expresó su pleno apoyo a las maniobras estadounidenses y endureció su postura frente a Caracas.
A inicios de septiembre, tras el primer ataque de EE.UU. contra una embarcación, Persad-Bissessar afirmó: “Me alegra que el despliegue naval estadounidense esté teniendo éxito en su misión”, añadiendo que todos los narcotraficantes “deberían ser asesinados violentamente”. La mandataria incluso advirtió que su gobierno daría acceso a EE.UU. en caso de un ataque venezolano contra Guyana, abandonando la histórica neutralidad que Trinidad había mantenido por sus intereses energéticos con Caracas.
El destructor USS Gravely llegó a Puerto España en octubre para realizar ejercicios militares, una acción que el gobierno de Maduro calificó como “provocación hostil”. La respuesta de Caracas incluyó la suspensión de acuerdos bilaterales de gas y acusaciones de convertir a Trinidad y Tobago en “portaviones del imperio”.
Sin embargo, esta semana Estados Unidos inició nuevas maniobras en el país, lo que Maduro tildó de acciones “irresponsables”. El canciller trinitense Sean Sobers defendió los ejercicios alegando “constantes hechos de violencia y actividad de bandas criminales”.
En medio del debate, el ex primer ministro Keith Rowley negó la existencia de un acuerdo secreto con EE.UU. El tratado SOFA de 2007 regula la presencia temporal del personal militar estadounidense y recientemente fue actualizado sin una fecha de caducidad específica.
Guyana: respaldo en medio de la disputa territorial
Guyana, que mantiene con Venezuela una frontera terrestre de 789 kilómetros, es otro aliado clave. Las tensiones se avivaron tras el referendo venezolano de 2023 para reclamar la Guayana Esequiba, rica en petróleo.
En agosto, Georgetown respaldó oficialmente las maniobras de EE.UU., subrayando su compromiso con un enfoque “colaborativo e integrado” contra el crimen transnacional. El gobierno guyanés expresó “grave preocupación” ante el narcoterrorismo y mencionó directamente al Cártel de los Soles, que Washington vincula con Maduro. Caracas rechaza esas acusaciones como un “invento”.
Este mes, el entonces jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, visitó Guyana para reforzar la “larga alianza de defensa” entre ambos gobiernos.
El Salvador: la llegada del AC-130J
A inicios de noviembre, imágenes satelitales confirmaron la presencia en El Salvador de un AC-130J, una de las aeronaves de ataque más potentes de la Fuerza Aérea estadounidense, equipada con cañones de gran calibre y capacidad para portar misiles Hellfire.
La base de Comalapa, tradicionalmente usada para aeronaves desarmadas, ofrece una posición estratégica para controlar el Pacífico, donde transita buena parte de la cocaína con destino a EE.UU. Según el analista Ryan Berg, operar desde El Salvador permite “vigilar y defender una franja mucho más amplia” del océano.
El presidente Nayib Bukele ha evitado pronunciarse directamente sobre el despliegue, aunque mantiene una relación cercana con Donald Trump.
Panamá: cooperación con cautela
En Panamá, militares estadounidenses realizan entrenamientos bajo convenios bilaterales. El presidente José Raúl Mulino negó cualquier vínculo con operaciones contra Venezuela y afirmó: “Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso”.
El país, sin fuerzas armadas desde 1990, ha sido sede habitual de ejercicios estadounidenses. En abril, ambos gobiernos firmaron un memorando que permite mayor presencia militar, incluido el uso de bases aéreas y navales.
República Dominicana: coordinación directa con la DEA y el papel de Puerto Rico
El presidente Luis Abinader anunció nuevas acciones conjuntas con la DEA “mucho más extensas y profundas”. En días recientes, autoridades dominicanas incautaron dos cargamentos de cocaína, de 806 y casi 500 paquetes, en operaciones vinculadas a Lanza del Sur, nombre usado por el Pentágono para el despliegue militar regional.
Como territorio estadounidense, Puerto Rico se ha convertido en el núcleo del despliegue militar. La isla concentra numerosas bases del Pentágono, entre ellas Fort Buchanan, Base Aérea Muñiz y Camp Santiago. La Estación Naval Roosevelt Roads —cerrada desde 2004— volvió a operar recientemente.
A finales de septiembre, marines estadounidenses realizaron ensayos de desembarco anfibio en la isla. La FAA emitió un NOTAM alertando sobre un incremento significativo de vuelos militares hasta febrero de 2026 y recomendando “precaución extrema” a las aeronaves civiles.
Otras bases en la región
Estados Unidos mantiene otras posiciones estratégicas en el Caribe:
- Guantánamo, en Cuba, enclave militar clave rechazado por La Habana, aliada de Venezuela.
- La Palmerola, en Honduras, base aérea con unos 1.000 efectivos entre personal estadounidense y hondureño.
En los últimos meses, la presidenta Xiomara Castro ha criticado tanto las acusaciones contra Maduro como el despliegue militar regional.
Apoyos políticos fuera del Caribe: Ecuador, Paraguay y Argentina
Algunos gobiernos sudamericanos también se alinearon con Washington mediante decisiones políticas dirigidas contra el Cártel de los Soles.
- Ecuador lo declaró “grupo terrorista del crimen organizado”, en un decreto del presidente Daniel Noboa.
- Paraguay lo catalogó como “organización terrorista internacional”.
- Argentina hizo lo propio, destacando en su fundamentación actividades ilícitas transnacionales vinculadas al narcotráfico y contrabando.
