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Google y la Comisión Europea empezaron a exponer sus argumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una discusión por la multa de más de 4.300 millones de euros que Bruselas impuso a la compañía en 2018 por considerar que firmó contratos ilegales con los fabricantes de dispositivos Android para fortalecer el dominio de su motor de búsqueda.
En la sesión, que se alargará hasta el viernes, la Comisión Europea acusa a Google de haber firmado contratos con fabricantes de teléfonos móviles y con operadores de redes obligándoles a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome en los dispositivos Android, a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.
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Bruselas argumenta que desde 2011 estos acuerdos han sido ilegales porque el objetivo de Google ha sido proteger y fortalecer la posición dominante que tiene en el mercado su motor de búsqueda y mantener así los ingresos que obtiene a través de la publicidad en línea.
Según la Comisión, la compañía captó el cambio de hábitos de los consumidores a principios del siglo XXI, observando como el flujo de internet empezó a virar desde los ordenadores portátiles a los teléfonos móviles y en 2005 compró el sistema operativo Android.
Desde entonces, ha seguido desarrollando el software y según los datos de la Comisión, el 80 % de los teléfonos móviles y las tabletas que se vendieron en 2018 en el Espacio Económico Europeo funcionaban con Android.
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Android es un sistema operativo de código abierto y cada vez que el gigante tecnológico desarrolla una nueva versión lo pone a disposición de los fabricantes de dispositivos móviles y de los operadores de redes.
El software no contiene ninguna aplicación preinstalada y los fabricantes deciden con qué apps quieren vender los terminales.
