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Sus declaraciones
El contexto
El Consejo de Estado negó las medidas cautelares solicitadas por varios congresistas colombianos que pedían suspender provisionalmente la venta del 57,61 % de las acciones que el Estado tiene en la generadora eléctrica Isagén.
La medida fue adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones al considerar que la solicitud no coincidía con lo expuesto dentro de la demanda.
La ponencia (estudio) la realizó el magistrado de la sección cuarta del Consejo de Estado Octavio Ramírez, quien señaló que "la demanda no se refiere a la pluralidad de oferentes, a la libre competencia, a la legalidad del procedimiento de enajenación o a la defensa de otro bien jurídico semejante. Solo, se insiste, en la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichos activos".
Añadió que si lo que se pretendía era contradecir la forma en la que se reguló la subasta, "lo procedente era solicitar la nulidad del reglamento de enajenación y adjudicación de la segunda etapa de enajenación, acto que no hace parte del objeto de la demanda de la referencia y, por ende, no puede ser atacado o cuestionado mediante la solicitud de una medida cautelar".
El valor de las acciones del Estado en Isagén asciende a 6,4 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) que serán invertidos en el programa de carreteras de cuarta generación (4G), según el Gobierno.
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