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Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementar en 23,7 % el salario mínimo para el año 2026, el Comité Intergremial del Tolima señaló que es una decisión desatinada porque representa una carga sustancial al tejido empresarial de la región y en concepto de las directivas del mismo, traerá consecuencias negativas en el mercado laboral regional y nacional.
Consecuencias económicas para el país
Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del departamento, aseguró que el Gobierno nacional no tuvo en cuenta criterios técnicos para establecer el ajuste, lo que se podría ver reflejado en el cierre de pequeñas unidades productivas en el transcurso de la próxima vigencia.
"Responsabilizamos al Gobierno nacional por los impactos que se van a presentar en la inversión, en la productividad, en la competitividad, en el empleo, en el cierre de los micro y los pequeños negocios por definir el salario mínimo para el año 2026 bajo criterios y argumentos políticos, y no técnicos", enfatizó Valencia.
El directivo resaltó que el indicador agudizará la informalidad, una problemática latente en esta región en los últimos años. Agregó que también se corre el riesgo de desincentivar la inversión, ya que toda la carga la asumirán los empresarios.
"Advertimos que la condición de este nuevo salario mínimo generará unos impactos negativos en el mercado laboral y enviará unas señales negativas a la economía en general trayendo consecuencias no solo para los trabajadores, empresarios y ciudadanos en general, sino en variables económicas como el empleo, la inflación, entre otras", puntualizó Valencia.
Cabe mencionar que tras el anuncio del presidente Petro, el salario mínimo 'vital' quedó desglosado de la siguiente manera: salario de $1'750.000, además de $249.095 del auxilio de transporte.
