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El Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de decretar un incremento del 23,7 % en el salario mínimo mensual legal vigente, al considerar que la medida no cuenta con el sustento técnico necesario y no responde a la situación fiscal y económica del país.
No hay sustento técnico, advierte el gremio
Según el gremio, el ajuste fue adoptado sin atender variables clave como la productividad, la inflación y la capacidad real de pago de las empresas y del sector público.
“Los ajustes al salario mínimo deben responder a criterios técnicos verificables”, señaló el Consejo Gremial, al advertir que decisiones de este tipo aumentan la incertidumbre para la generación de empleo formal y la inversión.
El pronunciamiento recuerda que el Banco de la República ha alertado de manera reiterada sobre los efectos que tendría un incremento elevado del salario mínimo en la inflación y en las finanzas públicas. De acuerdo con el gremio, un aumento de esta magnitud también tendría impactos directos sobre las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual.
Además, el Consejo Gremial advirtió que el alza del salario mínimo amplificaría el impacto en bienes y servicios que están indexados a este indicador, como la vivienda de interés social, el transporte, las tarifas y las multas. “Un aumento injustificado tendría un impacto grande en los costos asociados a estos rubros”, indicó.
El gremio también puso sobre la mesa las cifras del mercado laboral. Según datos del Dane, en 2025 el número de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,23 millones frente a 2024, alcanzando un total de 11,38 millones de trabajadores en esa condición.
A esto se suma que la informalidad laboral llega a 13,6 millones de personas, con un aumento de 732.000 en los últimos 12 meses, de acuerdo con la GEIH a octubre de 2025.
No se resuelve el problema de la informalidad
En ese contexto, el Consejo Gremial sostuvo que “aumentos desmedidos en el salario mínimo no contribuyen a resolver el problema de la informalidad laboral ni el de la pobreza” y señaló que la informalidad sigue siendo el principal factor de precarización del empleo en el país.
Finalmente, cuestionó la coherencia de la decisión del Gobierno, al señalar que se da en medio de una emergencia económica declarada por un faltante de financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en cerca de 16 billones de pesos.
Según el gremio, el incremento del salario mínimo podría generar un impacto superior a los 9 billones de pesos en costos laborales y obligaciones asociadas, lo que “agravaría la situación fiscal y afectaría el futuro del mercado laboral colombiano”.
