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Cada vez falta menos para que el Gobierno nacional anuncie el aumento del salario mínimo para 2026, pues el plazo se vence mañana, martes 30 de diciembre.
El primer plazo para llegar a un consenso se venció el 15 de diciembre. En los días siguientes, sindicatos y asociaciones gremiales siguieron negociando para llegar a un acuerdo, pero sin éxito. El principal punto de desencuentro es que, mientras los empresarios piden un aumento del 7,21 %, las centrales obreras consideran que el incremento debería ser de una cifra de dos dígitos.
En medio de toda la polémica, el presidente Gustavo Petro indicó en una alocución presidencial que el decreto del aumento tendría en cuenta el concepto de “salario mínimo vital”, conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye variables como el costo de la canasta básica familiar y el número promedio de personas ocupadas por hogar.
Mientras el país sigue a la expectativa del aumento, se conoció un supuesto borrador del decreto que el Gobierno haría oficial entre hoy y mañana. Allí se establece una cifra que sorprendió a más de uno: 23 %.
Así quedaría el salario mínimo con el aumento del 23 %
Si el aumento que aparece en el borrador del decreto se hace realidad, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, es decir, un incremento de $327.405, sin contar el auxilio de transporte.
El texto que circula no menciona el valor del auxilio de transporte y, según sostienen varios medios, esto se debe a que el Ministerio de Trabajo todavía analiza la cifra del incremento de este rubro para el año entrante.
¿Cómo quedaría el auxilio de transporte?
Si se aplicara el mismo incremento del 23 % propuesto para el salario, el auxilio de transporte pasaría de $200.000 a $246.000. Bajo este supuesto, el ingreso mensual total alcanzaría los $1.996.905, resultado de sumar el salario propuesto ($1.750.905) y el auxilio hipotético ($246.000).
Es crucial subrayar que estas cifras son especulativas. Algunas versiones extraoficiales sugieren que la intención del Ejecutivo podría ser fijar un valor incluso superior. Esta propuesta se sustenta en una serie de fundamentos económicos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.
¿Cuáles son las justificaciones económicas del Gobierno para este aumento?
En el borrador del decreto conocido, el Gobierno utilizó un conjunto de indicadores técnicos como referencia para sustentar su propuesta. Los principales son:
Inflación observada: se tomó como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual a noviembre de 2025, que se ubicó en 5,3 %.
Meta de inflación para 2026: se incorporó la meta oficial del Banco de la República, fijada en 3 %.
Datos de productividad: se consideraron tres mediciones distintas: la Productividad Total de los Factores (PTF), con un 0,91 %; la productividad laboral por hora trabajada, con un 0,57 %; y la productividad por persona empleada, que registró una cifra negativa de -0,32 %.
Contribución salarial: se destacó la variación de la contribución de los salarios al ingreso total de la economía, estimada en 2,81 puntos porcentuales.
Desempeño del PIB en 2025: se evaluó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que fue del 3,6 % en el tercer trimestre y del 2,8 % en lo corrido del año hasta esa fecha.
Un alza del 23 % al salario mínimo sería “dramática” para el empleo
A este debate se sumó el análisis del profesor Fernando Quijano, quien en un análisis para La FM explicó el trasfondo técnico del concepto de salario mínimo vital impulsado por el Gobierno. Quijano recordó que esta noción se basa en criterios similares a la pirámide de necesidades de Maslow y en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según señaló, este enfoque busca garantizar que el salario permita “comprar una canasta familiar suficiente y nutritiva, tener una vida digna y acceso pleno a los servicios públicos”, entre otros componentes básicos.
No obstante, el director del diario La República advirtió que llevar esta definición al extremo puede generar efectos adversos en el mercado laboral. “Si es verdad que el Gobierno está pensando en un aumento del 23 %, sería algo dramático para las personas que generan empleo, porque es un poco exagerado”, afirmó. Quijano también cuestionó el origen del supuesto borrador del decreto, al señalar que “nadie sabe de dónde salió, aunque hay investigadores que dicen que el metadato tendría origen en el Ministerio de Trabajo”.
Finalmente, el académico subrayó que la discusión actual evidencia un problema estructural más profundo. A su juicio, el país terminó trasladando al terreno político un debate que debería ser técnico: “Esto nos pone a discutir de otras aristas cómo fijar el salario mínimo en Colombia, que ya está totalmente politizado”.
