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Con un costo estimado en 8 billones de pesos, el Gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos y alista un impuesto al patrimonio empresarial para financiar la atención de las zonas afectadas por las lluvias.
Se decretó la emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días, con el fin de atender los efectos de las lluvias registradas en estas regiones.
Según el Ejecutivo, un fenómeno atípico asociado a un frente frío provocó precipitaciones intensas que superaron los promedios históricos entre 130 % y 180 %, lo que generó afectaciones en diferentes zonas del país.
El documento oficial señala que la decisión se adopta cuando sobrevienen hechos que “perturban o amenazan perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país” o que constituyen una “grave calamidad pública”.
En esos casos, la Constitución permite al presidente declarar la emergencia por periodos de hasta 30 días.
También se precisa que la declaratoria autoriza al Gobierno a expedir decretos con fuerza de ley “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos” y de manera transitoria, “establecer nuevos tributos o modificar los existentes”, que dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal.
Impuesto a empresas para financiar la emergencia
En medio de la declaratoria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó algunos lineamientos de los decretos tributarios que se preparan para financiar la recuperación de las regiones afectadas, cuyo costo se estima en 8 billones de pesos.
La propuesta central contempla un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, es decir, empresas con patrimonios desde 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para patrimonios de hasta 600.000 UVT, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que para los superiores se aplicaría una tarifa del 1,2 %.
Según el ministro, alrededor de 15.000 empresas aportarían los recursos necesarios para cubrir el costo de la emergencia.
Ávila afirmó que la crisis es “sobreviniente e impredecible” y que el Gobierno debe actuar de manera inmediata. También sostuvo que los recientes incrementos del salario mínimo han tenido impactos marginales en la inflación, lo que, según dijo, no limita la capacidad del Estado para aplicar estas medidas.
El ministro concluyó que el impuesto al patrimonio empresarial será el mecanismo principal de financiación y señaló que el Ejecutivo espera “coherencia” por parte de la Corte Constitucional frente a esta situación excepcional.
