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La Contraloría General de la República reveló que entre 2023 y 2025 ha consolidado hallazgos fiscales por más de $2,1 billones en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
La cifra se desprende de los ejercicios de control fiscal aplicados a lo largo del país, tras denuncias ciudadanas, alertas de veedurías, solicitudes del Congreso y advertencias de entidades como el Departamento Nacional de Planeación.
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En el transcurso de 2024, los departamentos con los hallazgos fiscales de mayor cuantía han sido La Guajira, con 37 hallazgos por $223.646 millones; Sucre, con 14 hallazgos por $140.695 millones; y Antioquia, con 43 hallazgos por $128.347 millones.
Otros departamentos con cifras relevantes incluyen, Magdalena ($97.332 millones), Caquetá ($84.313 millones), Córdoba ($65.779 millones), Arauca ($61.935 millones), Cesar ($59.204 millones), Casanare ($54.786 millones) y Meta ($54.360 millones).
Según el ente de control, los hallazgos están relacionados principalmente con deficiencias en la planeación, estructuración y ejecución de proyectos enfocados en agua potable, saneamiento básico, energías renovables y fortalecimiento de sistemas productivos.
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Estas debilidades han impedido el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores, afectando a las comunidades beneficiarias y comprometiendo la sostenibilidad de las inversiones.
En total, durante este periodo, la Contraloría ha auditado proyectos financiados con regalías por un valor cercano a los $20,3 billones, mediante actuaciones especiales de fiscalización, seguimientos permanentes y auditorías de cumplimiento. La entidad anunció que continuará con la vigilancia a los recursos del SGR en todas las regiones del país.
Por otra parte, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de activar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal, una medida que, según indicó, no cuenta con los fundamentos técnicos ni las condiciones exógenas necesarias para su aplicación.
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Rodríguez reiteró que la Contraloría ha venido haciendo observaciones desde los presupuestos de 2023 y 2024, las cuales, según afirmó, se han reflejado en el panorama fiscal de 2025. “Lamentablemente, lo que la Contraloría ha observado durante el año 2023 y 2024 se ha reflejado ahora en el 2025”, señaló.
El jefe del ente de control manifestó que, aunque respeta la decisión del Ejecutivo, no ha encontrado justificaciones suficientes que sustenten la activación de esta herramienta legal, diseñada para situaciones excepcionales. “Desde el punto de vista de la Contraloría General de la República no hallamos los suficientes soportes, fundamentos y condiciones exógenas que ameriten esa decisión tomada por el Gobierno Nacional”, afirmó.
El contralor subrayó la importancia de revisar la ejecución del gasto público, diferenciando entre los gastos de funcionamiento y los de inversión, estos últimos vinculados a la política de reactivación económica.
“Hemos llamado la atención sobre la ejecución en los gastos de inversión, pero sí hay que mirar y revisar el tema de gastos de funcionamiento y tratar de restringir al máximo frente a estas medidas”, indicó.
