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El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) decidió activar la cláusula de escape para suspender por tres años el cumplimiento de la regla fiscal.
La decisión se tomó a pesar de que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), en un concepto no vinculante, desaconsejó esta alternativa.
Esta cláusula fue incorporada en la Ley 1473 de 2011 durante la reforma de 2021, tras la suspensión de la regla fiscal en 2020 con motivo de la emergencia sanitaria por el covid-19. Su propósito es permitir flexibilidad fiscal ante eventos extraordinarios e imprevisibles.
Desde distintos sectores, la decisión ha sido objeto de críticas por considerar que no se ajusta a los criterios definidos por la ley. El experto en hacienda pública Henry Amorocho indicó que esta herramienta legal fue diseñada para enfrentar emergencias inesperadas y no para responder a un deterioro estructural como el que atraviesa actualmente el país.
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Amorocho explicó que el déficit fiscal se encuentra en el 6,3%, una cifra superior a la registrada durante la pandemia, cuando alcanzó el 5,6%. Según señaló, este comportamiento refleja un deterioro progresivo de las finanzas públicas, contrario al mandato constitucional que exige una tendencia a la reducción del déficit.
A esto se suma un rezago presupuestal de 30 billones de pesos y un déficit de caja de 19 billones, de acuerdo con datos del Plan Financiero del 7 de febrero. El analista recordó que esta situación era previsible desde la formulación del presupuesto de 2025, cuando se aprobaron apropiaciones por 523 billones frente a ingresos estimados de 511 billones.
La diferencia se pensaba cubrir con una reforma tributaria que no fue aprobada por el Congreso en diciembre pasado.
En su análisis, el uso de la cláusula tampoco se justifica por el comportamiento de la economía. El país viene registrando una recuperación progresiva: en 2023 el PIB creció 0,6%, en 2024 subió a 1,7% y en 2025 podría alcanzar el 2,7%. Además, el recaudo tributario ha mostrado una tendencia de crecimiento, aunque moderado.
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Para Amorocho, recurrir a esta figura en el contexto actual podría ser contraproducente, ya que implicaría un aumento del déficit y de la deuda pública, lo que encarecería el acceso al crédito tanto interno como externo y presionaría al alza las tasas de interés.
