La FM en Google News
Las centrales obreras de la que hacen parte la CUT, CGT y CTC, junto con las confederaciones de pensionados CPC y CDP, presentaron formalmente ante el Ministerio del Trabajo sus salvedades frente a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales sobre el incremento del salario mínimo legal vigente para 2026, el cual deberá regir a partir del primeros de enero próximo de 2026.
En el documento dirigido al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, las organizaciones sindicales reiteran su propuesta de un incremento del 16 %, equivalente a $227.680, lo que llevaría el salario mínimo mensual a $1.650.680 para el próximo año. Según los firmantes, esta cifra no es arbitraria, sino que responde a fundamentos constitucionales, técnicos y sociales, sustentados, entre otros, en un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Salario mínimo vital
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la defensa del concepto de salario mínimo vital, respaldado por el Convenio 131 de la OIT y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el estudio citado, el costo mensual de una canasta básica para una familia colombiana de cuatro personas alcanzó en 2025 los $3.141.188, cifra que deja en evidencia que el salario mínimo actual se encuentra cerca de un 50 % por debajo de lo necesario para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos básicos
Las centrales obreras en el documento recuerdan que la Constitución establece que la remuneración debe ser vital y móvil, principio que se vulnera cuando el incremento salarial no compensa el costo real de vida ni protege la dignidad humana del trabajador y su familia.
Críticas a la posición de empresarios
En el documento, los representantes de los trabajadores cuestionan la postura de los gremios empresariales y del Banco de la República, a quienes acusan de aferrarse a una “ortodoxia económica” que, según afirman, ha quedado desmentida por la realidad.
Señalan que los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación en años recientes, no generaron desempleo ni desbordaron la inflación, y por el contrario coincidieron con una reducción de la informalidad y de los niveles de pobreza
Asimismo, rechazan que la discusión se limite de manera estricta a los criterios del parágrafo del artículo 8.º de la Ley 278 de 1996, recordando que en años anteriores se han pactado aumentos reales del salario mínimo por encima del IPC sin efectos económicos negativos.
Productividad
Otro de los argumentos expuestos es la supuesta deuda histórica en productividad laboral, que, según estudios citados de la Universidad Nacional con base en datos del DANE, alcanzaría cerca del 32 % en los últimos 20 años. Este rezago, afirman, justifica plenamente un ajuste salarial más ambicioso para 2026.
Preocupación de los pensionados
También incluyen en el documento una salvedad específica de las organizaciones de pensionados, quienes advierten sobre la desigualdad en los criterios de ajuste de las pensiones. Mientras las mesadas equivalentes a un salario mínimo se incrementan en la misma proporción que este, las pensiones superiores solo se ajustan con el IPC, lo que —según denuncian— genera pérdida de poder adquisitivo cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación.
En ese sentido, solicitan que se impulse una reforma legal para que todas las pensiones se reajusten con base en el incremento del salario mínimo, además de retomar demandas históricas como la eliminación del aporte a salud, la restitución de la mesada 14 y una mayor participación de los pensionados en instancias de decisión.
Llamado al Gobierno
Las centrales obreras y organizaciones de pensionados concluyen solicitando al presidente de la República que, en caso de no lograrse un acuerdo antes del 30 de diciembre, tenga en cuenta estos argumentos al momento de fijar el incremento del salario mínimo por decreto. A su juicio, un aumento del 16 % no solo es constitucionalmente necesario, sino que contribuiría a dinamizar la economía, fortalecer la demanda interna y avanzar hacia una mayor equidad social en el país.
