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La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales universidades públicas del país, encontrando problemas que podrían comprometer su sostenibilidad y la prestación del servicio de educación superior.
El informe revela que tres universidades presentan un pasivo pensional de $8,3 billones, con la Universidad Nacional de Colombia acumulando la mayor deuda, estimada en $4,5 billones.
La entidad advierte que en algunas instituciones los cálculos actuariales no están actualizados, lo que podría generar sorpresas en el futuro.
La Contraloría llamó la atención sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional gire oportunamente los aportes de la Nación para cubrir los pagos a pensionados.
También recomendó revisar los porcentajes que deben asumir las universidades, pues algunas presentan ingresos insuficientes para cumplir sus compromisos, como la Universidad del Valle, que debe aportar el 19,9% y enfrenta dificultades para hacerlo.
Otro punto crítico es el impacto del régimen salarial y prestacional de los docentes, que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica. Esto ha generado un crecimiento acelerado en los costos, como en la Universidad de Antioquia, donde el gasto pasó de $10.364 millones en 2017 a $18.239 millones en 2024, un incremento del 76%.
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El informe también alerta sobre los efectos del Decreto 391 de 2025, que establece la formalización laboral en universidades públicas y requeriría $2.9 billones, sin contar con una fuente de financiación clara.
Asimismo, destaca los problemas derivados de la gratuidad en las matrículas, ya que las universidades solo reciben el 80% de los recursos al inicio del semestre y el 20% restante tras validaciones administrativas, afectando su flujo de caja.
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Otro problema identificado es el rezago en la inversión en infraestructura, con una deuda histórica en este caso para la Universidad Nacional con proyectos por $1.4 billones para mejorar su infraestructura física y tecnológica.
La Contraloría concluyó que se necesita una reforma al esquema de financiación de las universidades públicas, y que el Gobierno transfiera los recursos oportunamente y garantice el financiamiento adecuado para que estas instituciones puedan cumplir con sus funciones esenciales sin comprometer su estabilidad.
