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El Consejo Directivo de Fedesarrollo aceptó la renuncia de Luis Fernando Mejía como director ejecutivo del organismo de estudios económicos.
Su salida se hará efectiva el 31 de diciembre, luego de siete años en el cargo, la gestión más extensa desde la creación del centro de pensamiento hace 55 años.
Mejía acompañó su anuncio con una reflexión sobre el momento económico que enfrentará el país. “El próximo gobierno recibirá una situación fiscal crítica, con un déficit estructural elevado, bajo nivel de inversión y grandes desafíos sociales”, afirmó al confirmar su salida.
Añadió que las discusiones económicas que vienen para el país deben partir de una premisa clara: “Es posible corregir el rumbo fiscal sin frenar el crecimiento”, señaló, insistiendo en que el crecimiento económico debe ser el motor para reducir pobreza y desigualdad.
El Consejo Directivo informó que iniciará de inmediato el proceso para seleccionar al nuevo director, manteniendo los estándares técnicos e independientes que han caracterizado a Fedesarrollo.
Días antes de su renuncia, Fedesarrollo presentó una estrategia integral para enfrentar el deterioro fiscal, la caída de la inversión y los niveles de pobreza.
Según el diagnóstico, entre 2020 y 2025 el déficit fiscal promedio ascendió a 6,4% del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno central llegó a 59,3% del PIB en 2024.
La propuesta incluye medidas tributarias, de gasto, de inversión y de política social que, en conjunto, permitirían un ajuste total de 2,8% del PIB hacia 2031. Entre los puntos planteados están:
- Reducir el umbral de declaración de renta, crear tramos progresivos y revisar la tarifa para empresas.
- Ajustes en IVA, focalización de subsidios y eliminación del subsidio al diésel.
- Retomar la regla fiscal, garantizar estabilidad jurídica para la inversión y fortalecer la agenda productiva.
- Unificar programas sociales en una transferencia única y reformar aportes de independientes.
De acuerdo con Fedesarrollo, la implementación conjunta elevaría la inversión del 16% al 23% del PIB y generaría un crecimiento adicional de 1,1 puntos porcentuales, además de reducciones en pobreza y desigualdad.
