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A partir del próximo 7 de julio entrará en vigencia la ley 1796 de 2016, conocida como ‘la ley Anti-Space’, que otorga competencias a la Superintendencia de Notariado y Registro para inspeccionar, vigilar y controlar a las 70 curadurías urbanas que hay en todo el país. El superintendente, Jairo Alonso Mesa Guerra, indicó que esa función evitaría que se presenten irregularidades en esas entidades.
Mesa Guerra reveló que ya recibió denuncias sobre 140 licencias falsas, “ya estoy empezando a recibir denuncias para estudiarlas y saber que está pasando con la construcción, porque la construcción no solo pasa por las curadurías, también por las notarías y por las oficinas de registro” y añadió que hay hechos denunciados que ameritan una intervención especial.
Estas denuncias serán asumidas por un grupo elite de la Superintendencia con funcionarios de al capital del país. Mesa Guerra, anotó que si bien es cierto aun no tiene competencias sobre las curadurías, si analizará los casos desde las notorias y los registros.
“Los funcionarios que tengan que ver con la expedición de licencias falsas voy averiguar si sabían si o no que eran falsas, lo más seguro es que sabían. Las oficinas de registro que se presten para ese tipo de cosas iniciaré un proceso disciplinarios a que diera lugar” anotó Mesa Guerra.
La Ley de Vivienda Segura, como también se le conoce a esta norma, le asignó a la Superintendencia el papel de inspeccionar, vigilar y controlar las Curadurías, así como el de adelantar un concurso para la elección de lo curadores, “un concurso para proveer aquellos curadores que ya se les venció el periodo y ese concurso es a nivel nacional, pero para entidad local”.
El propósito de la ley busca eliminar la corrupción en la expedición de licencias de construcción e inspección de las obras que terminen en tragedias como la ocurrida en Cartagena, con el edificio Portal de Blas de Lezo II, que terminó con la vida de 21 obreros.
“Nosotros tenemos que garantizar a toda la ciudadanía de que la obra, el apartamento o la vivienda que está comprando está licenciada. Lo que es iniciar una gran cruzada a evitar la falsificación de las licencias, a verificar que las licencias que se están otorgando cumplan con los POT, porque uno verifica que la mayoría de las licencias no están cumpliendo y verificar los tramites”.
Caso Blas de Lezo
Durante la última semana de abril, en Cartagena se desplomó un edificio de seis pisos en el barrio Blas de Lezo y quedó en evidencia una serie de irregularidades en el control urbano, el episodio cobró la vida de 21 personas y dejó 22 heridas. El curador número uno, Ronald Llamas, explicó que nunca recibió una solicitud por parte de los constructores y que la licencia expuesta fue falsificada, una práctica que reconoció es muy común en la ciudad.
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