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La Fundación Para La Libertad de Prensa, FLIP, entregó su habitual informe anual en el marco del día del periodista que se celebra el 9 de febrero en Colombia.
La Fundación una vez más muestra su preocupación por los asesinatos de comunicadores y las ciento de amenazas de muertes que se siguen conociendo.
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De acuerdo a la FLIP, en los últimos cuatro años se han conocido ocho crímenes de periodistas en diferentes partes de Colombia, por lo que se ha ubicado en el tercer puesto en ser el país más letal de América.
El 2020 fue un año, que en comparación con el 2019, fue más violento para los periodistas. Se presentaron dos asesinatos, el del reportero Felipe Guevara, en Cali, y el de Abelardo Liz, un comunicador indígena de Corinto, Cauca.
Además de ello, en total se presentaron 23 agresiones más a periodistas, un aumento del 10% respecto a los casos registrados en 2019.
"Los periodistas asesinados desde el 2016 comparten características similares, por ejemplo, en cuatro de esos ocho casos se advirtieron amenazas que no fueron investigadas; las víctimas eran reporteros(as) de medios indígenas o comunitarios, sobre quienes pesa un peligroso estigma; y, ocurrieron en zonas desprotegidas por el Estado. Absolutamente en todos estos eventos la impunidad aparece atravesada de principio a fin. El motor de un ciclo perverso que perpetúa la violencia, impide conocer la verdad y borra la justicia", dice la publicación.
"La violencia contra la prensa se agudiza y está marcada por los asesinatos y también por las amenazas. Durante el 2020 cada dos días un periodistas fue amenazado: hubo 152 amenazas dirigidas a 193 periodistas (una amenaza puede ir dirigida a dos o más periodistas), 10% más que el año anterior", dice la Flip
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"El aumento de casos genera mayor preocupación teniendo en cuenta que durante varios meses del año hubo estrictas medidas que restringieron la movilidad por el país debido a las medidas para mitigar la pandemia", dice.
"En Bogotá ocurrió el mayor número de amenazas, en total treinta. Después, le siguen municipios medianos y pequeños, que se encuentran atravesados por las rutas del narcotráfico y la consolidación de bandas criminales, donde los medios y periodistas que informan deben sortear presiones constantemente", asegura.
Según el informe anual, las regiones en donde más se han llevado amenazas en contra de los comunicadores son: Puerto Libertador en Córdoba, Caucasia en Antioquia, Barrancabermeja en Norte de Santander y en Arauca capital. Ahí se concentraron el 16% de las amenazas.
"Casi una tercera parte del total de las amenazas —45— se dirigieron a reporteros que estaban realizando trabajos periodísticos sobre corrupción. Veintiséis casos ocurrieron cuando se cubría orden público. Casi la misma cifra —venticuatro— por asuntos de política, y en doce casos al cubrir narcotráfico", revela la publicación.
La FLIP asegura que "algunas de las agresiones más preocupantes son: Amenaza: 152. Acceso a la información: 44. Hostigamiento: 40. Acoso judicial: 36. Desplazamiento: 8. Detención ilegal: 8. Exilio: 4. Violencia sexual: 4. Asesinato: 2."
Los periodistas durante la pandemia
Según la infomación revelada por la Fundación para la Libertad de Prensa, la pandemia afectó fuertemente al gremio periodístico. Por un lado, muchos periodistas se tuvieron que enfrentar a seguir haciendo reportería en terreno, aún cuando no era del todo seguro. Además, algunos de ellos no estaban cubiertos por el sistema de salud. La FLIP conoció los casos de 21 periodistas fallecidos a causa de covid-19.
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"Por otro lado, la recesión económica le dio la última estocada a los medios de comunicación, la mayoría, regionales, que desde antes ya venían con serias dificultades económicas. Ante ese panorama, resultaban claves las acciones del gobierno, que debía garantizar condiciones dignas para que los periodistas y medios de comunicación pudieran seguir haciendo su trabajo. Sin embargo, la realidad estuvo lejos de eso", destaca la Flip.
Perfilamientos ilegales: un año de silencios
La publicación también recuerda que ya "ha pasado un año desde que la Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas".
A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos.
