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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del excongresista César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), por el presunto desacato a una orden judicial del Tribunal Administrativo de La Guajira y del Consejo de Estado.
Aunque en los estrados el proceso nació en 2018, con una acción popular del Ministerio Público, los antecedentes datan de antes. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la máxima autoridad ambiental en el departamento, autorizó en 2005 un megaproyecto clave.
Corpoguajira le dio al hoy liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) una licencia ambiental para construir una represa en el Río Ranchería y, así, abastecer los acueductos de San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Maicao, Manaure, Uribia, Albania, Distracción y Hato Nuevo.
Incoder entró en una liquidación que finalizó en 2016, y todas las obligaciones que tenía se repartieron entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la ADR. Tras una inversión de 639 mil millones de pesos, la represa se construyó entre 2006 y 2010, pero nunca funcionó.
Los planes de la obra cifraban su capacidad en 198 millones de metros cúbicos de agua que debía servir tanto para el consumo humano como para generar energía. Trece años después de su aval, no tenía distritos de riego ni infraestructura para conectarla con los acueductos municipales.
En 2015, Corpoguajira aprobó una inversión adicional de 11,12 mil millones que debían repartirse en la preservación del Río Ranchería y la conservación de los recursos que lo surten de agua. Incoder no cumplió, y la Corporación empezó a investigarla en 2016, el año de la liquidación.
Una represa millonaria construida sin beneficiarios
Dos años después, en 2018, el proceso administrativo ambiental, que entonces iba contra la ADR, no había terminado, aunque ya concluía que no existía ni un informe de seguimiento ni información relacionada con el monto que debía asignarse en 2015.
Ante las faltas, la Procuraduría interpuso una acción de cumplimiento que también tardó. El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira sentenció en 2020 que la ADR incumplió cinco derechos de la comunidad guajira, incluyendo el acceso a los servicios públicos.
La ADR apeló. El Consejo de Estado emitió una sentencia de 182 páginas en mayo de 2023, ratificando el incumplimiento y ordenándole a la Agencia conformar una mesa técnica con la Gobernación de La Guajira, Corpoguajira y seis ministerios para sacar adelante el proyecto.
El Consejo, además, planteó un cronograma para encaminar la financiación, el seguimiento y los contratos que debían ejecutarse para terminar la infraestructura que conecte a la represa con los municipios y garantice la conservación del río Ranchería. César Pachón, al parecer, no lo ha acatado.
Un informe de seguimiento de la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado detalló, en diciembre de 2025, los aparentes incumplimientos de Pachón. La ADR tenía hasta mayo de 2024 para gestionar los recursos de la finalización de la obra, mas no lo hizo.
Las órdenes del Consejo de Estado que la ADR no habría cumplido
Aunque el plazo para conseguir el dinero se cumplió bajo la administración de Luis Alberto Higuera —el antecesor del exsenador hasta agosto de 2024—, aparentemente Pachón tampoco se ha movido para que la obra avance. Y las comunidades guajiras siguen esperando la llegada del agua.
Las obras para finiquitar el megaproyecto debían iniciar dos años después de la sentencia del Consejo de Estado, o sea, en mayo de 2025, con la contratación y las interventorías ya suscritas. La falta de los recursos impidió el desarrollo de lo demás, así que arrancó la investigación disciplinaria.
"El señor César Augusto Pachón Achury, en su calidad de presidente de la ADR, posiblemente no dio cumplimiento a (...) la función de estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos estratégicos nacionales de desarrollo agropecuario y rural integral", señaló el informe de seguimiento.
Según el Ministerio Público, la "posible inobservancia" de la gestión para la apropiación de la plata generó "la presunta imposibilidad de avanzar en los demás compromisos" que el Consejo de Estado decretó. Una Procuraduría de Instrucción abrió el 6 de enero la investigación contra Pachón.
Aunque la investigación se dirige inicialmente al presidente de la ADR, la Procuraduría le dio a la Agencia diez días para que identifique qué funcionarios tuvieron a su cargo "el seguimiento para el cumplimiento de sentencias y fallos judiciales" desde 2023.
Y le pidió, además, "abstenerse de abrir investigación por los mismos hechos". En caso de que exista un proceso interno, la Agencia debe suspenderlo "inmediatamente" y enviarle el expediente al ente de control. Pachón, por su parte, tiene tres días para pronunciarse.
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