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El Gobierno decidió no radicar en esta legislatura el proyecto que buscaba aclarar el conflicto que se presenta con las consultas populares, por el alcance de estas jornadas. Así lo informó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, tras explicar que es muy poco el tiempo que le queda a la actual legislatura y por lo tanto la iniciativa no alcanzaría a ser debatida suficientemente.
"El tiempo no da, ya que como es estatutaria requiere un período completo para su debate y esta legislatura se cierra en 2 meses, entonces la diferencia entre presentarlo el próximo 20 de julio y presentarlo el 16 de junio es si se hunde o no se hunde", sostuvo Arce.
El Ministro manifestó además que la idea es "dejarlo amarrado, presentarlo al nuevo Congreso y arrancar todo el año para que cumpla con los tiempos de una ley estatutaria".
Una discusión de este tamaño, dijo, no puede darse en 3 semanas, que es el período que le queda a la actual legislatura.
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, lamentó la decisión del Gobierno de no presentar la iniciativa mientras en el país se discute sobre el futuro de estas consultas.
"Obviamente hubiera sido ideal que este Gobierno hubiera logrado materializar, tanto el proyecto que clarifica la distorsión entre territorio y subsuelo que se generó con los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la iniciativa que reglamenta las consultas previas", expresó Vera.
Además, manifestó que espera que el próximo gobierno tome las riendas de estos temas y clarifique para bien de la industria petrolera el alcance de estas consultas. "Esperamos que llegue un gobierno que crea que puede aportarle a este sector con una nueva visión, con un nuevo ambiente y aire político para sacar adelante estos proyectos", indicó.
En los últimos años han estado en fila más de 90 consultas populares en varias regiones del país. Sin embargo, en los últimos meses el Gobierno ha señalado que no tiene la capacidad ni la potestad para financiar estos procesos y por lo tanto deben ser los mandatarios locales los encargados de su financiación.
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