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El Gobierno nacional desmintió al representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, quien señaló que es urgente la sanción por parte del presidente Iván Duque de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) pese a las objeciones que ha planteado el mandatario.
Guillermo Fernández de Soto, embajador de Colombia ante la ONU, afirmó que la petición del funcionario es contraria a lo que señaló el secretario general de ese organismo, António Guterres, al término de una reunión que sostuvo con el canciller Carlos Holmes Trujillo.
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“En relación con la declaración emitida en el día de hoy por el funcionario Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en donde señala que el presidente Duque debe sancionar de inmediato y sin dilaciones la ley estatutaria que ha sido objetada, me permito aclarar que esa declaración no coincide con lo expresado por el secretario general de la ONU, en la reunión que sostuvimos con el canciller de Colombia”, Guillermo Fernández de Soto,.
Además el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, señaló que "la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la ley estatutaria de la JEP".
Eso, en palabras de Brunori, quien presentó el Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018, sería una "garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición".
Esa ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Iván Duque decidió objetarla parcialmente.
En ese sentido, Brunori manifestó que para que la JEP pueda funcionar es "fundamental que en todas las ramas del poder público promuevan el respeto de su autonomía e independencia".
El objetivo, señaló, es que los magistrados de ese tribunal puedan garantizar la seguridad jurídica de los reincorporados de las Farc y los miembros de la Fuerza Pública que están compareciendo ante esa corte.
