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En las últimas hora se atizó la polémica por los seguimientos que adelantó el Ejército Nacional a más de 130 personas entre los cuales estaban periodistas, políticos y sindicalistas.
Tras conocerse detalles de las actividades irregulares adelantadas desde las unidades de inteligencia de Ejército, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó enfáticamente que “permanezcan y se agudicen” las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal.
Al respecto, la FLIP advirtió que este tipo de actividades son cometidas habitualmente por regímenes autoritarios, pues van en contravía del derecho a la sociedad de mantenerse informada.
“Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”, indicó la fundación.
En el mismo sentido, la FLIP cuestionó que desde el Ejército se hagan este tipo de seguimientos y perfilamientos, a partir de las publicaciones que hacen los comunicadores.
“El perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones”, indicó.
Por eso, de acuerdo a la FLIP, en esta ocasión se trata de una “peligrosa atribución” que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos relevantes de los periodistas.
“En estos perfiles, además de recopilar información pública, se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia”, señaló la FLIP.
Y es que entre la lista de periodistas objeto de los seguimientos están:
- María Alejandra Villamizar (Caracol Radio)
- Juan Forero (The Wall Street Journal) Daniel Coronell (Univisión)
- Federico Ríos (freelance del New York Times)
- Óscar Parra (Rutas del Conflicto)
- Stephen Ferry (independiente)
- Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio)
- Yolanda Ruiz (RCN Radio)
- Ignacio Gómez (Noticias UNO)
- Lindsay Addario (independiente)
- Nicholas Casey (New York Times)
- Jhon Otis (CPJ y NPR)
- Periodista y productor de Blu Radio
Además, la FLIP cuestionó que estos hechos eran de conocimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de la Fiscalía General de la Nación y de la actual cúpula militar, por lo menos desde enero del 2020 y apenas el viernes 1 de mayo se anunciaron las primeras medidas, una vez se conoció el informe de la Revista Semana.
“Ante la imposibilidad de conocer la totalidad del universo de periodistas afectados y advirtiendo que habían transcurrido más de tres meses sin que los mecanismos internos hubieran operado en protección de la prensa, la FLIP y el CPJ elevamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 4 de marzo del 2020. La solicitud de protección internacional se encuentra actualmente bajo evaluación de la CIDH. Esta denuncia confirma la urgencia para que dicho organismo active las medidas de protección cautelar interamericana sobre los periodistas y medios perfilados por los organismos de inteligencia militar del Estado colombiano”, agregó la FLIP.
Por último, la fundación advirtió que el perfilamiento de periodistas por parte del Ejército es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia.
